Cinco residentes de Arecibo radicaron una solicitud de mandamus para que se ordene a la Junta de Calidad Ambiental y su vicepresidenta Suzette Melendez a entregar toda la documentación relacionada al incinerador de basura que operará Energy Answers en el Barrio Cambalache del referido municipio.

La demanda fue radicada por Iván F. Elías Rodríguez, Javier Biaggi Caballero, Rafael Bey Nazario, Teresa Sánchez Rodríguez, y Gladys Myrna Contó Hernández, por conducto de su representación legal, el licenciado Pedro Saadé Lloréns.

Al justificar el mandamus, un recurso legal en donde se le solicita a una agencia que cumpla con un deber ministerial, los demandantes destacan que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido en varias instancias el derecho al acceso a información pública para permitir a los ciudadanos evaluar las actuaciones gubernamentales.

‘Los demandantes desean conocer y tienen el derecho a informarse lo mejor posible sobre las emisiones contaminantes, las cenizas y su disposición a originarse por el incinerador . Además, los que residen en el Municipio de Arecibo están expuestos a las consecuencias de las emisiones atmosféricas del incinerador’ , dice la demanda.

La operación y eventual construcción del incinerador requiere de varios permisos de la JCA, unos sobre las emisiones atmosféricas y otro sobre los residuos sólidos y la disposición de las cenizas.

No obstante, los demandantes, alegan que han solicitado de la JCA poder examinar el expediente relativo a los permisos sobre la contaminación atmosférica que emitirá el incinerador propuesto por Energy Answers pero que la agencia no les ha permitido examinar ni fotocopiar el expediente sobre la contaminación atmosférica salvo ciertas porciones que se publicaron ya electrónicamente en el portal de la JCA.

‘Sin embargo, se ha negado efectivamente el acceso al resto del expediente ofreciéndose como excusa que el asunto está bajo evaluación.

Se estima que el expediente cuyo acceso se ha denegado contiene importante información sobre los tipos de emisiones, su cuantía, y sus efectos, incluyendo aquellas sobre las concentraciones ya existentes de plomo,’ dice la demanda. La información que sobre la contaminación atmosférica que interesan examinar los demandantes ‘es de carácter público y de gran importancia, máxime, cuando la JCA ha anunciado que ha decidido otorgar los permisos de aire en su forma final y uno de construcción de facilidad de desperdicios sólidos’.

Según los demandantes, la información y los expedientes objeto del litigio son de carácter público y, además, revisten gran importancia y relevancia en atención a los posibles impactos a la salud y al medio ambiente también. Por lo que, su retención es ilegal.

No fue posible obtener de forma inmediata una reacción de la JCA.