Ante las nuevas alegaciones de corrupción contra la Judicatura en el Centro Judicial de Caguas, el licenciado Mark Anthony Bimbela, candidato a la presidencia del Colegio de Abogados advirtió el jueves que la criminalización del sistema de justicia le haría un daño irreparable a la sociedad puertorriqueña.

Bimbela apoyó las medidas anunciadas por la jueza presidenta del Tribunal Supremo Liana Fiol Matta para investigar alegados actos de corrupción en los tribunales.

‘Tenemos que apoyar toda medida que le devuelva la confianza al país en su sistema judicial, pero tenemos que estar claros en que estamos hablando de la excepción y no de la norma. De lo contrario estamos criminalizando el sistema de justicia y eso es nocivo para todos: tanto para el sistema, para los que trabajamos para el sistema y para la sociedad a la que le sirve’, dijo Bimbela en un comunicado de prensa.

‘Si bien nuestro sistema no puede tolerar la corrupción, tampoco puede funcionar con miedo al ‘qué dirán’. El sistema de justicia no puede trabajar para la opinión pública. Tiene que trabajar para la justicia. Se tiene que afianzar, no minar, la confianza en el sistema de justicia. Si para ello hay que investigar y descubrir, vamos a hacerlo, pero sin caer en la generalización’, enfatizó el abogado.

El jurista indicó que hace años se viene tratando de imponer la presunción de que abogados y jueces en Puerto Rico integran un sistema corrupto.

‘La corrupción se filtra en todas las esferas de la sociedad puertorriqueña, y nuestra profesión no es la excepción. Pero no es la norma. La mayoría de los abogados y abogadas en Puerto Rico llevan su práctica siguiendo los estrictos cánones de ética que nos gobiernan’, recalcó.

De otra parte, Bimbela sostuvo que ‘algunas personas quisieran que en Puerto Rico no existiera la Constitución, y que los acusados de delito no tuvieran su debido proceso de ley. Esa no puede ser la solución para trabajar con los problemas que confronta un sistema tan complejo como la judicatura. Si cada abogado o abogada tuviera temor al ‘qué dirán’ de la opinión pública, al momento de defender a sus clientes, sería, simplemente una desgracia para nuestra democracia y para las libertades civiles de todos los ciudadanos’.

‘Así también, la judicatura no puede estar al arbitrio de la opinión pública al tomar una decisión. Lo mismo transgrede la ética un juez que vende su decisión a la defensa o a la fiscalía, que uno que emite su sentencia amparado en el qué dirán y no conforme a derecho’, enfatizó el candidato a la presidencia del Colegio.

Finalmente, Bimbela exhortó a sus compañeros abogados y abogadas a que defiendan con ahínco su profesión y su trabajo. ‘Vamos a seguir demostrando que somos más los buenos y que el país puede estar seguro de que tendrá una clase togada siempre dispuesta a defender sus derechos y una judicatura imparcial’, dijo.