El representante Luis Vega Ramos pidió el martes que una medida cameral que ha estado desde noviembre esperando vistas públicas en el Senado y que impediría a los miembros del panel del Fiscal Especial Independiente tener contratos con municipios, agencias y la rama judicial, se enmiende para que la prohibición cubra a los fiscales independientes.

El proyecto 1326, de la autoría del presidente de la Cámara, Jaime Perelló, y del representante Manuel Natal, fue a vistas públicas en el 2013 en la Cámara y contó con el apoyo de todos los deponentes incluyendo la presidenta de la Oficina del Panel Especial Independiente, Nydia Cotto Vives, quien pidió que no se extendiera la prohibicion a la Universidad de Puerto Rico, lo cual se hizo.

Luego de que saliera a relucir el martes que varios fiscales especiales independientes tienen contratos con municipios, Vega Ramos, quien preside la Comisión de lo Jurídico, le solicitó a su contraparte en el Senado, Miguel Pereira que aclarara el PC 1326 para que la prohibición cubra a los fiscales especiales que llevan casos en el panel además de a los mismos ex jueces miembros del panel.

‘A tales fines miramos con buenos ojos que su comisión, de entenderlo así, aclare el lenguaje de la medida’, dijo Vega Ramos

Pereira no devolvió llamadas solicitando entrevista de parte de este medio en cuanto a la solicitud que le hiciera Vega Ramos.

Cotto Vives dijo que aunque no tiene reparos en que haya un cambio de política pública, recordó que en los 26 años que tiene la entidad a los fiscales se les ha permitido trabajar en otras entidades porque no son empleados a tiempo completo del FEI sino que trabajan por contrato y se les paga solamente por las horas que invierten cuando tienen un caso. ‘Si no, no cobran,’ dijo.

Aclaró que en los 26 años de la oficina nunca se ha señalado a algún fiscal por tener conflicto de interés con algún alcalde o funcionario de agencia que les impida llevar algún caso. El contrato con el FEI impone numerosas restricciones y la entidad se asegura que los fiscales no tengan ningún tipo de conflictos con los casos que se les asigne. Destacó que la oficina ha sido exitosa en el procesamiento contra funcionarios públicos en el 87% de los casos, incluyendo alcaldes. La entidad tiene un total de ocho abogados que laboran como fiscales especiales encargados de llevar casos.

Ante señalamientos de que fiscales con contratos con el FEI también disfrutan de jugosos contratos con alcaldes, Cotto Vives aseguró que al presente la licenciada Zulma Fúster, quien trabaja como fiscal especial para el FEI, no tiene contratos con ningún alcalde, como se alegó públicamente. Fuster sí labora como correctora de la reválida de abogados, por la que recibe una dieta.

El licenciado Guillermo Garau, otro de los fiscales con contrato en su oficina, ha trabajado como oficial examinador para el municipio de Cayey donde ha devengado $6,056. También labora para el municipio de Quebradillas como oficial examinador y ha devengado $5,535. ‘Trabajó en asuntos administrativos como oficial examinador, que es como decir juez administrativo’, dijo Cotto Vives.

Garau desde el 2009 ha devengado unos $600,000 en contratos con el FEI desde el 2009 y Fúster, que comenzó a laborar en el 2011, ha devengado unos $321,000, que son cerca de $100,000 al año.

Cotto Vives destacó que los ataques contra el FEI son productos de personas que han sido procesados o están cercanas a personas que fueron procesadas. Añadió que encuestas hechas por un periódico local en el 2011 y en noviembre del 2013 destacaron que el FEI goza de un alto nivel de credibilidad ante la ciudadanía.