En septiembre de 2013 la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, junto a otras organizaciones, presentó una denuncia contra Estados Unidos (EE.UU.) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), por violar los derechos humanos de los residentes de Vieques. Un mes más tarde la Cámara de Representantes presentaría una resolución para apoyar esta denuncia, y finalmente este miercoles los representantes aprobaron la misma.

Según reza la resolución apobada, ‘La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expresa y declara ante la comunidad internacional el respaldo a la querella presentada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos’.

La resolución será enviada al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, así como a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

La querella presentada por la clínica representó la primera a nivel de grupo en Puerto Rico relacionada a Vieques, y se dio a seis meses de que el Supremo federal desestimara una demanda a nombre de los residentes de Vieques.

La demanda alega que EE.UU. es culpable por la violación de sus derechos humanos a la salud, vida, trabajo, libertad de movimiento y residencia, acceso a la información, y falta de acceso a la justicia.

El documento también dice que el gobierno de Puerto Rico es responsable conjuntamente con EE.UU. por no haber designado los recursos necesarios para resolver los problemas de Vieques.

La petición dice que la estadounidense utilizó la isla como campo de maniobras militares y utilizó bombas con peligrosos contaminantes. A pesar de que la Marina se fue en el 2003, el gobierno de los EE.UU. ha fallado en hacer una adecuada descontaminación y limpieza de los terrenos.

En el documento, los residentes piden que la comisión admita la petición; que investigue y analice la violación de derechos humanos por medio de vistas públicas; que declare a los EE.UU. responsable por la violación de derechos humanos sufridos por los viequenses y que fije una adecuada compensación por los mismos.