Miembros de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste denunciaron este lunes las transacciones que el gobierno de Puerto Rico gestionó para adquirir terreno en la reserva natural durante las pasadas tres administraciones.

En rueda de prensa, el planificador y científico ambiental Luis Jorge Rivera Herrera alertó a las autoridades para que reevalúen los términos en que se dieron las transacciones de compra con fondos estatales y federales. De acuerdo al portavoz de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable, organización que pertenece a la Coalición, el valor de los terrenos estuvo basado en cuatro estudios de tasación que presumían que el gobierno iba a permitir la construcción de proyectos residenciales turísticos.

Se trata de San Miguel Resort y Dos Mares Resort, proyectos que, según el grupo, nunca obtuvieron los permisos. Los terrenos fueron comprados a los proponentes de los proyectos por $28.5 millones y abarca unas 630 cuerdas de terreno de la reserva natural.

‘En estas transacciones se utilizaron como presunciones extraordinarias que esos dos proyectos iban a poder ser construidos. Al haber exigido un valor según la realidad física y legal de los mismos y al utilizar como base la presunción que allí se iba a construir, pues eso impactó el valor aumentándolo significativamente en comparación de cómo hubiese sido si la tasación se hubiese realizado según estaban los terrenos’, explicó el planificador ambiental.

‘Nuestro interés es que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales continúe adquiriendo terrenos, pero, obviamente, no puede ser con unas premisas que son irreales y que tienen como consecuencia impactar dramáticamente el valor de los terrenos. Históricamente, los recursos que ha tenido la agencia para comprar los terrenos son limitados. No estamos diciendo que compren a precios irrazonablemente bajos; tienen que comprarlo a un precio justo. Pero eso tiene que estar basado en una realidad del desarrollo de esos terrenos y las restricciones legales’, manifestó.

Rivera Herrera sostuvo que previo a la adquisición de los terrenos pertenecientes a los proyectos, la Junta de Calidad Ambiental había rechazado en tres ocasiones la declaración de impacto ambiental del San Miguel Resort. Una situación similar ocurrió con la compra hecha a los proponentes del Dos Mares Resort, puesto que el Tribunal Supremo de Puerto Rico había revocado su documento ambiental. La futura aprobación de ambos proyectos, por lo tanto, era sumamente improbable, sobre todo ante la eventual designación del CEN como reserva natural.

La Coalición indicó que apoya la adquisición de terrenos en la Reserva Natural del Corredor Ecológico por parte de Recursos Ambientales para lograr su manejo integral, siempre y cuando sea a un precio justo para todas las partes basado en la realidad física y legal del área.