El jurado en el caso que se sigue contra Pablo Casellas Toro, acusado de asesinar a su esposa Carmen Paredes, podría quedar oficialmente constituido mañana, luego que las partes completen el proceso de recusaciones perentorias, que está señalado para las 2:00 de la tarde.

Mientras, la primera semana de diciembre debe arrancar el juicio en su fondo con el inicio del desfile de prueba del ministerio público, dijeron los fiscales a cargo del caso, Sergio Rubio, Phoebe Isales y Janet Parra.

Los 15 integrantes del jurado, los 12 regulares y los tres suplentes, saldrán de los 46 candidatos que quedan.

NotiCel supo que ayer venció el término que tenía la defensa para recurrir al tribunal de Apelaciones a solicitar revisión del fallo adverso en su solicitud de la supresión de la evidencia incautada en el lujoso vehículo Acura del corredor de seguros tras el supuesto carjacking del que alegó falsamente haber sido víctima el día de los padres de 2012. Por lo tanto, la fiscalía no estará impedida de utilizar esa evidencia.

El juez superior de Bayamón, José Ramírez Lluch, declaró no ha lugar dos mociones de la defensa que buscaban una recusación general de poco más de 200 potenciales miembros al jurado, que quedará integrado por 12 regulares y tres suplentes.

Pero la defensa estuvo activa presentando mociones, entre ellas cinco que permanecen selladas y que buscan que el juez le prohíba a la fiscalía sentar cinco testigos a declarar de los ya anunciados.

La fiscalía cuenta con 68 testigos, pero no están obligados a sentarlos a todos. Entre ellos figuran, la madre y el hermano de Paredes, así como el juez federal Salvador Casellas y la hija mayor del matrimonio Casellas-Paredes.

El ministerio público se opuso en una moción que sí es pública y que obra en el expediente del caso.

No obstante, ninguno de los fiscales quiso revelar quiénes son esos testigos.

‘Nosotros tuvimos una objeción bien enérgica a eso. Nosotros entendemos que desde el caso de El Vocero allá para los inicios de la década de los 90 los casos criminales son públicos todos, los de todos los acusados incluyendo el de Pablo Casellas Toro’, indicó Rubio a preguntas de NotiCel.

‘Es que independientemente de quiénes sean, nosotros entendemos que la defensa no tiene razón en lo que está planteando, número uno. Pero lo más importante es que si ellos acompañaron las declaraciones juradas (con sus mociones), nosotros no vemos razón por las cuales deban estar selladas’, dijo Isales.

En su réplica en oposición, la fiscalía argumentó: ‘las mociones radicadas por los representantes legales del acusado, Pablo J. Casellas Toro, han sido altamente impropias y prematuras, por lo que nos oponemos’.

‘La defensa pretende que, habiendo acompañado las declaraciones juradas con sus mociones, las mismas permanezcan selladas y que por tanto el público no pueda tener acceso a ellas. Como todos sabemos, los expedientes del tribunal en casos criminales, por disposición de ley, son públicos y el contenido de dichas declaraciones juradas no gozan de algún privilegio que prohíba el acceso, como lo sería, por ejemplo, la Ley HIPA, que protege a la persona en cuanto a asuntos de salud’, agrega el documento.

Otra petición de la defensa es que se le prohíba a la fiscalía hacer referencia a cierta prueba, como balas, armas, y otras cuando le vayan a presentar su teoría al jurado.

Las teorías de las partes en cuanto a lo que pudo haber pasado no constituye prueba en los casos judiciales.

‘La teoría inicial lo que dicta la jurisprudencia es que nosotros, mientras estemos basados en la prueba, nosotros podemos decir lo que entendamos que tengamos que decir… lo que podamos decir en la teoría, eso es bien liberal’, señaló Isales.

‘Precisamente, nosotros lo único que estamos diciendo que en términos de la prueba y de nuestro argumento inicial, nosotros podemos decir básicamente lo que queramos siempre y cuando esté sustentado en la prueba que vamos a presentar. Numero dos, que los testigos es prematuro pedir que nos los presentemos porque ellos ni siquiera saben cuáles de esos testigos vamos a sentar y numero tres que todo asunto que se plantea en esas mociones debe ser público, si ellos lo promueven debe ser público y no debe haber nada sellado’, dijo la fiscal Parra.

Casellas Toro está acusado por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.

Cuando se determinó causa para arresto en octubre 2012, la fiscal Isales explicó que ese último cargo se relaciona con la querella que el imputado presentó ante los agentes del cuartel de Levittown de que supuestamente el 17 de junio de 2012 le robaron tres armas y fue víctima de una tentativa de asesinato. Entre las armas, que Casellas Toro alegó falsamente que le robaron, se encuentra la utilizada para asesinar a Paredes.