El juicio contra el ex comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Hilton Cordero, fue pospuesto para el 21 de mayo, luego de que la Defensa presentara una moción de supresión relacionada con una orden de registro de una computadora del acusado que alegadamente tenía material pornográfico.

La situación dentro de sala se tornó acalorada porque el fiscal, Carlos López, presentó una moción para solicitar una prórroga para contestar por escrito la moción. de supresión.

La jueza, Berthaida Seijo, rechazó de primera instancia la solicitud del Ministerio Público, e insinuó que la moción de supresión presentada por la Defensa era en aras de dilatar los procesos porque, aunque se radicó dentro del término procesal, venía tardía ya que el descubrimiento de prueba finalizó el pasado febrero.

Tras escuchar los argumentos del fiscal López y la licenciada Mayra López Mulero, abogada de la Defensa, la jueza Seijo concilió dar un tiempo a la Fiscalía para radicar la respuesta de la moción por escrito, y citar a las partes para el 23 de abril para discutir si se pauta o no vista para ver la moción de supresión, y comenzar el juicio para el 21 de mayo.

A su salida de la sala 204 del Tribunal de Carolina, la licenciada López Mulero manifestó a la prensa que ‘lo que se está planteando es la necesidad de tiempo para discutir unos asuntos constitucionales que tienen que ver con la evidencia que fue ocupada a través de un diligenciamiento de una orden de registro y allanamiento. Eso es un aspecto y una discusión estrictamente de Derecho… Después de escuchar las partes el Tribunal hizo un balance y ciertamente pudimos persuadir al Tribunal a los efectos de la relevancia de discutir este tema separado al juicio’.

A preguntas de NotiCel sobre el status de las negociaciones para lograr un preacuerdo de culpabilidad con la Fiscalía, la licenciada López Mulero sostuvo que ‘mira, no descartamos. Hay una serie de gestiones que se están haciendo y yo confío muy probablemente que este caso culmine con algún tipo de acuerdo que sea adecuado para ambas partes y que no haga necesaria la celebración de un juicio. Por eso yo hablaba de economía procesal. Vamos a esperar que todo salga bien’.

López Mulero aseguró que las conversaciones están abiertas, y que se discuten unos ajustes para que el acuerdo sea final.

Al este medio digital indagarle si los ajustes para llegar a un acuerdo se deben a asuntos sobre el tiempo de la pena, puntualizó que ‘hay distintas consideraciones, tenemos que ver cuáles van a ser las reclasificaciones que se van hacer, cuáles van a ser los términos, y cómo eso está a tono con lo que sucedió a nivel federal’.

A su juicio, la dilatación para llegar a un acuerdo es que hay una burocracia que por ahora, lo impide.