Sin mucha publicidad ni información pública, desde enero de 2010, aeronaves teledirigidas, conocidas como drones, están siendo utilizadas en Puerto Rico principalmente, según las autoridades, en la lucha contra el narcotráfico y en una misión humanitaria relacionada con Haití.

Esto, mientras el Congreso de Estados Unidos le reclama a Casa Blanca información sobre el alcance del uso que se le ha dado a estos aparatos, incluso para asesinar ciudadanos estadounidenses en el extranjero como fue el caso de Anwar al-Awlaki, un clérigo nacido en Estados Unidos, y dirigente de al-Qaeda, que operaba desde Yemen. Este ciudadano estadounidense fue asesinado por un ataque de un drone en Yemen en septiembre de 2011.

El Procurador General de los Estados Unidos, Eric Holder, aseguró que el presidente Barrack Obama carece de autoridad para ordenar el uso de drones para matar a un ciudadano estadounidense en su suelo sin que esté activo en combate contra su patria.

Tanto en Estados Unidos, como en Puerto Rico, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha levantado la voz de alerta sobre el uso doméstico de estos drones denunciando su uso contra ciudadanos estadounidenses.

En el caso de Puerto Rico William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU en la Isla, advirtió, que dado ‘el historial’ de la Policía y del Negociado federal de Investigaciones (FBI), esta tecnología pueda utilizarse para espionaje político. Esa amenaza, dijo, supera el beneficio que pudiera aportar a la lucha contra el narcotráfico y otros delitos.

Como muestras del ‘historial’ de las agencias investigadoras que pudieran aprovechar esta herramienta para persecución política, Ramírez mencionó los asesinatos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla en 1978 a manos de la Policía y el operativo del FBI en De Diego 444 en el 2006 contra alegados miembros del Ejército Popular Boricua, Los Macheteros.

‘En el afán de la lucha contra el narcotráfico en Puerto Rico, igual que estuvimos en contra del ‘si’ en (el referéndum sobre) la revocación del derecho a la fianza, estamos en contra de cualquier cosa que atente contra las libertades del ciudadano’, expresó Ramírez al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), sobre la utilización de los drones por parte de agencias de ley y orden en la Isla.

Advirtió que, aunque las aeronaves no tripuladas pueden ser útiles para ciertas cosas, constituyen una poderosa arma para violentar el derecho constitucional a la intimidad.

Explicó que estos aparatos tienen el potencial de convertirse en herramientas de espionaje personal a los ciudadanos sin que ellos lo puedan detectar a simple vista, como sería el caso de un agente o patrulla de la policía que lo sigue.

Para el resto de la historia, vea el Centro de Periodismo Investigativo.