El Departamento de Justicia mantiene abierta la pesquisa entorno a las tres emisiones de bono por $3,000 millones que hizo UBS para el Sistema de Retiro Central, pese a que en días pasados el gobernador Alejandro García Padilla, había manifestado que no se podía procesar a los involucrados, porque no tenía herramientas en ley para hacerlo.

Los representantes de los empleados públicos reclamaron el martes al Gobierno que no dejen en la impunidad a las personas que actuaron incorrectamente es esta transacción hecha en el 2008, y que resultó perdidosa para las arcas de Retiro.

Según supo NotiCel, el licenciado Alberto Valcárcel, director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento, ha culminado esta semana, un informe en dónde establece las conclusiones y recomendaciones sobre el referido que hiciera el cuatrienio pasado la Legislatura, para que se investigara esta transacción y sus implicados. Este informe debe ser presentado en los próximos días al secretario del Departamento, Luis Sánchez Betances, para que este determine el curso de acción.

Por su parte, Dwight Rodríguez, Federación de Pensionados y Jubilados de Puerto Rico, entidad afiliada a la Central Puertorriqueña de Trabajadores y Coordinadora Unitaria del Estado, puntualizó que ‘aquí se hicieron transacciones, que provocaron pérdidas millonarias, que hay ahora mismo un pleito en los tribunales con UBS. El proyecto (presentado por el Ejecutivo para Reformar el Sistema de Retiro) reconoce que se hizo la transacción que fue perdidosa para el pueblo, pero no hay ningún remedio para ella. Una cosa es no mirar para atrás como dice el Gobernador, y otra cosa es la impunidad. Y aquí nosotros no lo vamos a dejar sin mencionar, si hay impunidad pues entonces se esta permitiendo que se cometan delitos que le causan pérdidas al bolsillo de los trabajadores’.

En ese sentido, Víctor Villalba, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), coincidió que no puede quedar impune lo que se ha hecho con los fondos de retiro de los trabajadores públicos.

‘Es un crimen verdaderamente lo que se hizo con relación a los $3,000 millones, en donde UBS y otros personajes del Partido Popular Democrático (PPD), fueron los que más empujaron esa propuesta, cuando la recomendación, era todo lo contrario’, argumentó Villalba.

Según un reporte de El Nuevo Día, el exadministrador del Sistema de Retiro Central, Juan Cancel Alegría, quien estuvo detrás de la transacción, es miembro de la Junta de Gobierno del PPD.

Jueces solicitan que se investigue la transacción de UBS

‘Yo creo que lo menos que se puede hacer moralmente es exigir que se haga una investigación, independientemente que sean funcionarios de la administración de Aníbal Acevedo Vila. Abrir la investigación de cuál fue la representación que se les hizo y porque ellos tomaron esa decisión en ese momento’, estableció la jueza Elizabeth Linares, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, en entrevista con NotiCel.

Linares trajo a la atención los cuestionamientos que se han levantado sobre esta firma en y fuera de Puerto Rico, por presuntas prácticas ilegales, y las penalidades que han tenido que desembolsar.

‘Yo quiero que investiguen. Yo quiero que esa gente asuma su responsabilidad. Porque ellos no estaban trabajando con dineros particulares. Ellos cobraron sus comisiones y su comisiones no fueron de $2,000. Sus comisiones fueron millonarias… Si eso fue así, que hubo un mal consejo, y las inversiones no rindieron el fruto que se esperaba, porque el momento histórico en que se hicieron jamás y nunca iba a rendir ese fruto, ellos cobraron y los retirados perdieron esos millones de dólares. Si las compañías de corretaje hicieron eso a sabiendas que esas inversiones nunca iban a rendir el fruto y eso fue un esquema, entonces se tiene que probar intención (a nivel judicial), que hubo fraude’, sentenció Linares..

A su juicio tanto el Sistema de Retiro como el Gobierno, deberían unirse a la demanda federal que entablaron unos pensionados contra UBS, Santander Securities y Samuel Ramírez, Inc.

‘Yo espero que en este caso, pese más la responsabilidad para con el pueblo, que la responsabilidad para unos intereses en particulares’, puntualizó la jueza Linares.