El gobernador Alejandro García Padilla es el quinto gobernador consecutivo que autoriza el uso de la fuerza militar local en gestiones policiales de lucha contra el narcotráfico y la violencia que genera, un recurso que se ha convertido en un patrón en los últimos años ante la incapacidad de la Policía sola en atajar el tráfico de drogas y armas por Puerto Rico.

Los cuatro gobernadores posteriores a la muy criticada e intensa militarización de la ‘Mano Dura Contra el Crimen’ de Pedro Rosselló – Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño y ahora García Padilla – todos suscribieron órdenes ejecutivas para activar la Guardia Nacional, con variadas justificaciones y de usos menos extensos, pero con el mismo propósito de combatir las drogas ilegales.

Los dos últimos lo hicieron llegando a la Fortaleza. Rafael Hernández Colón, la usó para vigilancia policiaca durante la huelga de trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, en 1973.

En la década del cincuenta, también se utilizó la Guardia Nacional en contra del movimiento nacionalista.

Más reciente, Fortuño activó la Guardia Nacional al comenzar su cuatrienio (OE2009-29), ‘para brindar apoyo a las autoridades civiles durante situaciones de grave perturbación del orden público’.

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