Hay un borrador, un informe y múltiples recomendaciones, incluso, una orden del Tribunal Federal, pero las nuevas guías de pensiones alimentarias no están listas y no se implantarán en lo que queda de cuatrienio.

De acuerdo con la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry Méndez, no le corresponde a ella implantarlas. Le tocará entonces a quien sea su sucesor en la agencia y quien dirija la Administración de Sustento de Menores (Asume).

El Departamento de la Familia enfrenta una orden del juez federal José A. Fusté para que explique por qué no debe ordenarle que publique e implante la revisión que se supone se hubiera hecho en 2010 y que todavía no ha sido registrada.

Las guías de pensiones alimentarias debieran evaluarse cada cuatro años. Hace dos años, el Departamento de la Familia comenzó el trabajo con grupos multisectoriales y aun después de haber culminado el período de vistas públicas, recibió recomendaciones y objeciones al borrador, incluida la de la propia secretaria.

‘En mi primera entrevista como secretaria, yo dije: ‘las pensiones alimentarias en Puerto Rico son injustas’, reconoció Irizarry Méndez. Sin embargo, no cree que el borrador preparado esté listo para implantarse antes de que deje el puesto en Familia.

‘Hay un borrador, hay un informe, hay retroalimentación a favor y en contra, pero nos parece a nosotros que es el reglamento más importante de Puerto Rico y que incide sobre la política pública. Con todo el respeto, yo creo que no me corresponde’, estableció.

‘Le corresponde a los sucesores en Asume y Familia determinar qué van a acoger de ese borrador, qué van a descartar y cuáles van a hacer las nuevas guías para la fijación de las pensiones alimentarias, porque nosotros firmarlo en este momento, luego del evento del 6 de noviembre, no es prudente’, insistió.

El borrador que había resultado de los esfuerzos de Familia fue examinado por el Colegio de Abogados, que emitió un informe en el que señalaba que las propuestas tendrían el efecto de reducir entre un 30% y un 50% las pensiones alimentarias a los menores.

Anteriormente, Irizarry evaluó que las guías vigentes no habían redundado en el mejor resultado, aun cuando tardaron 12 años en elaborarse. La ley establece que sean revisadas cada cuatro años, de acuerdo con la realidad económica del país.