Es el turno de la deposición de la Policía de Puerto Rico en las vistas de transición y se espera que el superintendente Hector Pesquera explique por que no ha implementado una reforma en la fuerza estatal.

Se concentrará en hablar del estado de las finanzas del cuerpo, adelantó el representante de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico, William Ramírez, pero los miembros del comité entrante deberán hacer presión para que Pesquera explique ‘por qué no se ha llegado un acuerdo supervisado con el Departamento de Justicia para implementar reformas’.

La ACLU ha llevado la voz cantante en las denuncias contra la Policía de Puerto Rico por violación de derechos civiles en la isla. La organización dio a conocer en junio un estudio que evidencia que existe brutalidad policiaca sin ningún tipo de rendición de cuentas y no se protege a las mujeres ante violencia doméstica y violaciones sexuales. Su investigación secunda un informe de Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que también se señala la falta de disciplina y respeto dentro de la Uniformada. Específicamente menciona el uso de medidas de fuerza excesivas y letal contra civiles, especialmente en comunidades de bajos ingresos, afrodescendientes y dominicanas; represión violenta de manifestaciones pacíficas empleando macanas, balas de goma y gas lacrimógeno.

Según Ramírez, la respuesta de todos los superintendentes, desde Pedro Toledo, bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, pasando por José Figueroa Sancha, Emilio Díaz, hasta Héctor Pesquera, ha sido negar la evidencia.

‘Todos dicen la Policía no viola los derechos y que solo son unas manzanas podridas los que caen en esta conducta. Este problema no es exclusivo de la administración Fortuño, lo que pasa es que bajo Fortuño se ha agudizado con la represión a las protestas, pero desde 2008 estamos bajo la misma situación de negación y falta de acción’, apuntó Ramírez.

La abogada y miembro de la ACLU Eva Prados coincidió en que el comité entrante tiene que indagar en las razones por las cuales la Policía no ha aceptado ninguna de las recomendaciones hechas por el Departamento de Justicia ni por la misma organización, por qué no se ha firmado un acuerdo para implementar esas recomendaciones, aun cuando hay un mandamus ante el tribunal federal exigiendo que se tome acción.

La ACLU hará un llamado al próximo gobernador a que preste atención al asunto. Según Ramírez, es la oportunidad del nuevo gobierno de hacer valer sus protestas durante el cuatrienio que está por concluir.

*Sigue la transmisión en directo desde el Departamento de Estado:

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