La Unión de abogados y abogadas de Servicios Legales calificó el jueves como un ?acto de mala fe? la decisión tomada por el Comité de Finanzas de la Junta de Directores de Servicios Legales y el director ejecutivo, Charles Hey Maestre, de negarle el retiro o renuncia incentivada a los abogados y abogadas de menor antigüedad.

‘Esta estrategia no es más que la Ley Siete que implementó el gobierno de turno, pero esta vez desde el escenario de una Junta que alega ser sensible a las necesidades de los trabajadores. Hablar de la posibilidad de cesantías y negar la oportunidad de acogerse a una a ventana de retiro a aquellos abogados de menor antigüedad, es una estrategia tan nefasta como la mencionada Ley que costó 30 mil empleos públicos’, dijo Nydia González Reyes, presidenta de la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales.

De acuerdo a la líder sindical, la administración de Servicios Legales rechazó la propuesta de la Unión y limitó el beneficio del retiro incentivado a los abogados de diez años o más de antigüedad.

‘Es decir, el licenciado Hey Maestre y el Comité de Finanzas de la Junta de Directores, prefieren botar a los abogados, jóvenes en su mayoría, antes de permitir que estos se acojan a un retiro o renuncia incentivada’, insistió.

La unión presentó una propuesta abierta de retiro o renuncia incentivada para todos los abogados unionados interesados, pero limitado a una cantidad fija, escogidos bajo criterios de antigüedad.

‘Emplazamos a la Junta de Servicios Legales, al licenciado Hey Maestre, a que salgan de sus cómodas vacaciones y se tiren al ‘media tour’ de cara a nuestros reclamos. Estamos dispuestos a debatir punto por punto, su insensibilidad e intransigencia’, emplazó González Reyes.

Hasta el 2001 la corporación de Servicios Legales no contaba con un plan de retiro para sus empleados. En esa fecha creó un plan 401K.

El costo de la propuesta que la Unión discutiera con Hey Maestre y presentara al Comité de finanzas de la Junta de Servicios Legales, sería sufragado con el dinero presupuestado para la plaza asignada al año en curso, incluido el plan médico. Cualquier gasto no cubierto por el presupuesto actual y para garantizar liquidez de la SL, se podrían utilizar 300,000 dólares recibidos recientemente desde la Legislatura tras una asignación del 2011.

‘En concreto la Unión propuso el equivalente a 11 bisemanas de salarios, el pago de vacaciones acumuladas y plan médico por un año a los unionados de 10 o más años; o el pago de 5 meses a aquéllos de menos de 10 años y el pago del bono de navidad incluidas las 11 bisemanas’, explicó González Reyes.

Desde el 2011 Servicios Legales ha sufrido recortes en su presupuesto equivalentes a 2.5 millones de dólares por su matriz en Washington, la ‘Legal Service Corporation’.

Para el año fiscal 2013 se han anunciado ya recortes de 5 millones de dólares, atribuidos a una reducción en el número de personas pobres en Puerto Rico, según el Censo decenal de2010. Este recorte puede ser dividido por LSC en dos partes, 2.5 millones de dólares en el 2013 y otros 2.5 millones en el 2014.