La aparente inconstitucionalidad de prohibir las expresiones que puedan molestar a legisladores en el Hemiciclo y de evitar las manifestaciones como protestas y huelgas frente a edificios públicas son parte de las razones que los líderes del Parido independentista Puertorriqueño (PIP) enumeraron hoy para comenzar un ofensiva contra el recién aprobado Código Penal.

La aspirante al Senado, María de Lourdes Santiago, y el candidato a la Cámara de Representantes, Denis Márquez, enviaron una misiva al gobernador Luis Fortuño exhortándolo a que no firme la legislación que en la mayoría de los delitos aumenta las penas al máximo, cambia delitos de menos graves a graves y añade nuevos delitos.

‘Le estamos indicando al gobernador que el interés en el tema de la seguridad no puede confundirse con la intolerancia y que si aprobara con su firma ese código lo que haría es abonar a la impresión que ya tiene el País de la incapacidad jurídica de los cuerpos legislativos y agudizaría las preocupaciones ante los señalamientos recientes sobre el estado de los derechos civiles en Puerto Rico’, explicó Santiago ante el inicio de acciones para evitar la oficialización del código que se prevee sea vigente a partir de septiembre.

Como parte de la ofensiva, el PIP se plantea aunar esfuerzos con otras organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Internacional Socialista, la Comisión Interamericana de Derechos Civiles. Y es que los aspirantes a la Legislatura por el PIP coinciden con otros juristas que entienden que el nuevo Código Penal atenta contra las libertades del ciudadano.

Márquez, quien es abogado de profesión, explicó que es inconstitucional el establecer que quienes perturben, interrumpan o impidan los trabajos de la Asamblea Legislativa o Legislaturas Municipales, o cometan cualquier desorden serán sancionados con pena de reclusión por un término fijo de tres años. ‘Estamos condenando la libertad de expresión. Hemos mencionado que los legisladores tienen inmunidad parlamentaria sobre sus expresiones y sobre sus actividades. Todos hemos visto cómo ellos de manera constante se interrumpen, interrumpen las labores y están protegidos por la Constitución, pero esa misma Constitución protege al ciudadano de su libertad de expresión’, apuntó.

Sobre el delito de la obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios donde se ofrecen servicios gubernamentales al público, mencionó que va en contra del derecho a la huelga.

El hecho de que el aborto se haya mantenido como delito, aun cuando en la práctica no lo es, ‘es otra muestra de la incapacidad jurídica de la gente que hace las leyes en el País. Eso no tiene ningún sentido. Eso es letra muerta’, añadió Santiago.

Comoquiera, el gran cambio entre este código y el anterior, es el aumento en las penas. ‘Hablan de esto como un instrumento para combatir al criminalidad. hacen falta los códigos penales para regular las conductas, pero con eso no se va a acabar la criminalidad’, completó Márquez.

Si fuese necesario, el PIP acudirá a los tribunales a retar el Código Penal.