La Cámara de Representantes aprobó el miércoles el proyecto de la Cámara 2401, que tiene como propósito disponer que los tribunales no tengan discreción de rebajar los delitos incluídos en la Ley de Sustancias Controladas que giran en torno al tráfico ilegal de sustancias controladas.

‘Comúnmente las penas que cumplen estos individuos son las aplicables a delitos menores lo que resulta en su pronto regreso a la libre comunidad, si en efecto son privados de la misma, lo que generalmente no ocurre’, indicó la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, autora de la medida.

La pieza obtuvo 36 votos a favor y 12 en contra.

‘Los individuos que participan de estas actividades ilícitas repudiables por nuestra sociedad no deben tener a su disposición mecanismos procesales que les permitan cumplir penas de delitos menores comprendidos’, sostiene el proyecto.

También, se dio paso a otra iniciativa de González Colón, de enmendar la ‘Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme’, para atemperar la misma a las últimas tendencias en otras jurisdicciones.

Además, propone la creación de la Oficina de Vistas Administrativas, adscrita a la Oficina del Inspector General del gobierno.

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Elizabeth Casado Irizarry, durante un turno en torno a la medida, señaló que el propósito de la medida es darle agilidad a las peticiones que presentan los ciudadanos ante los foros que celebran vistas administrativas, de modo ‘que no se tornen académicas y mejorar así la calidad de vida del pueblo’.

La iniciativa recibió 36 votos a favor y 12 en contra.

Los representantes aprobaron además la propuesta de González Colón que enmienda la ‘Ley de Acueductos y Alcantarillados’, a fin de crear dentro de la estructura administrativa de la AAA, el cargo de director ejecutivo de Producción y Tratamiento, definir sus funciones principales y extender hasta seis años su nombramiento.

El portavoz de la mayoría, Carlos Méndez Núñez, al consumir un turno a favor de la medida, explicó que el objetivo es ‘darle continuidad a unas prácticas administrativas donde hay riesgo a la comunidad y darle cumplimiento a las órdenes del gobierno federal. No queremos atornillar a nadie, sino asegurarnos que un elemento tan importante como la salud del pueblo no esté sometido a los vaivenes políticos’.