El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió hoy un recurso de certificación que sometió ayer el gobierno de Puerto Rico para que se atienda en el máximo foro judicial la demanda sometida en su contra por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) para que se declare inconstitucional el referéndum pautado para el 19 de agosto a los fines de enmendar varias disposiciones de la Constitución.

La vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago, explicó que el recurso de certificación es una medida procesal extraordinaria que permite que casos de cuestiones constitucionales pasen directamente al Tribunal Supremo. En este caso, ante la premura por resolver el pleito y luego de que el Tribunal de Primera Instancia denegara las mociones de desestimación presentadas por el gobierno, se presentó el recurso.

‘Es lo que habíamos anticipado’, declaró Santiago. ‘Nosotros sabíamos que íbamos a terminar en el Supremo. El gobierno lució tan mal en Primera Instancia, les denegaron tres mociones de desestimación y la argumentación de nuestro abogado Carlos Gorrín fue superiorísima’, sostuvo.

La aspirante a un escaño en el Senado también resaltó que ‘todo el mundo tiene sus reservas por la composición del Supremo, pero los méritos de este caso son tan evidentes que estamos confiados en prevalecer’.

En su impugnación, el PIP señala que la medida legislativa que convoca a la consulta sobre la Reforma Legislativa y la limitación del derecho a la fianza se aprobó con solo 20 votos a favor, con lo cual no se consiguen las dos terceras partes que requiere la Constitución. Además, existe un precedente, el caso Berríos vs. Rosselló que establece un número máximo de tres asuntos a llevarse a consideración del país en un referéndum de enmienda constitucional, cuando la propuesta actual incluye nueve asuntos.

‘Además, la propuesta contiene varios elementos engañosos, ya que dispone cómo se asignará el dinero que supuestamente se va a ahorrar, cuando una asamblea legislativa no le puede decir a la siguiente cómo va a asignar el dinero, y propone que las enmiendas serán efectivas al partir del 2016, lo cual es imposible’, insistió Santiago.

El PIP y los representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tienen hasta el miércoles para la presentación escrita de sus posiciones. Luego, se llamará para una vista oral.