La nueva Oficina del Contralor Electoral, que ocupa el exsecretario del Senado, Manuel Torres Nieves, se estrenó en los tribunales con una intervención en el caso en el que la compañía de tarimas y sonido Up Stage está solicitando que al Partido Nuevo Progresista (PNP) se le embargue su Fondo Electoral por deudas que tienen con esa empresa.

Up Stage busca cobrar una deuda de $522,773.43 que está pendiente de pago desde la campaña del 2000, por concepto de servicios de sonido y tarimas en actividades del PNP.

A ese efecto, la compañía obtuvo una sentencia contra el partido que, al no ser pagada, produce la solicitud del embargo de los dineros del Fondo Electoral que se supone le toquen a la colectividad.

En su comparecencia, Torres sostiene que a su oficina se le debe permitir intervenir en el pleito, que la solicitud de embargo debe ser declarada sin lugar, y que el procedimiento al que se debe someter la compañía es certificarle la deuda del PNP a él mismo como Contralor Electoral para que sea esa oficina la que tramite el cobro.

El abogado de Up Stage, Frank Torres Viada, calificó la intervención como ‘impropia’ porque ‘implica el uso indebido de fondos públicos y los recursos del Estado para favorecer a un partido político en pleno curso de su campaña electoral’.

El PNP había dicho que buscaba una negociación de la deuda con la empresa porque estaba en ‘las mejores intenciones de resolver el asunto’.

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