El secretario del Departamento de Vivienda, Miguel Hernández Vivoni, anunció un esfuerzo en conjunto con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para hacerle frente a la morosidad en los pagos de los servicios básicos en los residenciales públicos.

Hernández Vivoni explicó que desde el próximo lunes, 30 de abril se iniciará un proceso de orientación a los clientes de los residenciales públicos, que reflejan morosidad en sus cuentas, iniciativa que pudiera demorar de dos a tres semanas.

Al mismo tiempo se habilitarán unos espacios dentro de los residenciales públicos para que las personas que tengan cuentas morosas con la AEE y la AAA se pongan al día o establezcan planes de pago. Si al cabo de un periodo de 30 días las personas no han emitido algún pago, ni han hecho acercamientos a las dependencias gubernamentales, se iniciará una campaña de corte de los servicios.

Luego la AEE y la AAA notificarán al Departamento de Vivienda las personas a quiénes se les suspendieron el servicio. Posteriormente, Vivienda comenzará un proceso administrativo en donde se harán acercamientos a los administradores de cada residencial para que ausculten las razones por las que dichas personas han fallado en el pagode los servicios. De concluir que dichos clientes no pagan por indiferencia, se comenzará un proceso que pudiera conllevar hasta el desahucio.

No obstante, puntualizó que el desahucio se materializaría en los casos donde represente un problema de salubridad o seguridad.

De acuerdo a José Ortíz, presidente de la AAA, sobre 30 mil abonados residentes de los residenciales públicos mantienen morosidad con la corporación pública. De estos, solo 23,000 reflejan pagos parciales en sus cuentas, por lo que a su juicio ‘con un poquito de esfuerzo se pueden poner al día’.

El restante, que son cerca de 7 mil abonados, nunca han hecho un pago a la AAA.

Por su parte, Otoniel Cruz, director ejecutivo de la AEE, apuntó que 15 mil abonados de la dependencia reflejan morosidad en sus cuentas y han hecho pagos parciales. Tres mil reciben el servicio y ni siquiera tienen cuentas activas con la AEE.

Finalmente, Hernández Vivoni sostuvo que un plan a largo plazo que estudian es hacer una solicitud formal al Departamento de Vivienda Federal, para que Vivienda estatal administre los fondos de los subsidios del servicio del agua y la luz que se le otorgan a los residentes de los residenciales públicos, y la agencia se encargue de remitir los pagos a la AEE y la AAA.

Al momento, el máximo de los créditos para el servicio de electricidad que se otorga a los clientes de los residenciales públicos es de $62. En el caso del servicio del agua el crédito máximo es de $15. Dichos fondos son enviados directamente en un cheque a cada cliente para que pague directamente a la AEE y la AAA.

De otro lado, afirmaron que la Ley 69 del 2009 empezó a fomentar una cultura de pago entre los residentes de los residenciales públicos al establecerles una tarifa fija, pero todavía hay camino que recorrer.