La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, presentó hoy su oposición a la aprobación del Proyecto de la Cámara 3865, que busca crear la Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa en Puerto Rico, porque entiende que el proyecto crea otro sistema educativo en abierta violación a la Constitución de Puerto Rico, el cual establece que será un sistema educativo público.

En su presentación ante la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, Díaz expuso que el proyecto, además, parte de la premisa equivocada de que el sistema educativo público del país crea una escuela tradicional.

La presidenta de la Asociación aseguró que ‘aunque pueden existir elementos tradicionales rezagados en las culturas escolares del país, afirmar que la educación pública es tradicional, no es correcto’.

En su ponencia, la líder magisterial también planteó todos los aspectos de la Ley 149 de 1999, Ley Orgánica del Departamento de Educación, en las que se establece la libertad que tiene cada escuela de crear y revisar sus currículos, metodologías educativas y modelos de enseñanza, aunque criticó que los secretarios de educación que han administrado dicha ley no cumplan con la misma, violando esa autonomía y libertad con excesos de Cartas Circulares.

De otra parte, explicó que el proyecto de ley viola la Constitución de Puerto Rico porque crea otro sistema educativo. Explicó que la Constitución en su Artículo 2, Sección 5, establece que habrá un sistema de instrucción pública, el cual será libre y enteramente no sectario. Reiteró que la Constitución no habla de dos o más sistemas, sino de uno, y el mismo no puede ser sectario.

En cuanto a la otorgación de fondos recurrentes que el proyecto establece para un reducido grupo de escuelas, actualmente privadas, la líder de los maestros asociados le recomendó a la Legislatura que ‘si tiene 19 millones dólares, se los entregue a las escuelas públicas existentes para poder realizar los proyectos innovadores que ayudan a la retención de estudiantes’.

Díaz sentenció también que la pobreza y la alta tasa de desempleo que sufre el país, también son detonantes de la deserción escolar porque, ‘no hay que ser un experto para poder establecer que las personas desempleadas muestran síntomas de baja autoestima, depresión, e insatisfacción. Los hijos de personas desempleadas cargan con el estrés de sus padres afectando su rendimiento. Atribuirle al sistema educativo la responsabilidad única de los logros y fracasos en el rendimiento escolar de los estudiantes, es negar que el estudiante es un ser biosicosocial’.

Por último, la presidenta de la Asociación censuró que el proyecto, en el artículo 6, ‘establece un sistema de reclutamiento de personal docente diferente al que existe en el Departamento de Educación, el cual se rige por un sistema de Turno que evita lo que conocemos como el padrinazgo’.

El portavoz del DE recomendó que se enmiende el proyecto para permitir que las entidades dedicadas a la educación alternativa contraten maestros que ostenten licencias o certificaciones provisionales cuando confronten problemas de reclutamiento. De igual modo, que se establezca que los desembolsos que el DE hará a las entidades, deberá estar en cumplimiento con los requisitos establecidos por la Oficina del Contralor.

Por su parte, el Departamento de Justicia (DJ), que comunicó que no tiene impedimentos de carácter legal a la aprobación de un proyecto que crea la ‘Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa en Puerto Rico’, presentó el miércoles un sinnúmero de recomendaciones necesarias para la administración de la política pública que la iniciativa promueve.

El asesor legal del DJ, Eduardo Rivera, dijo que la pieza de Administración debe otorgar a las entidades de educación alternativa la autonomía y flexibilidad administrativa, operacional y curricular que entiendan convenientes.

‘Asignarle al Departamento de Educación la tarea exclusiva de asumir la responsabilidad de impartir y gestionar el establecimiento de escuelas de enseñanza alternativa, implicaría tratar de solucionar el mal de la deserción escolar sin alterar precisamente el esquema en el que se genera’, dijo el letrado.

Sin embargo, opinó que sería inadecuado procurar que la implementación de este nuevo concepto de educación recaiga exclusivamente en manos de entidades privadas con fines lucrativos.

‘La obtención de los resultados que la medida busca obtener, a base de los costos que conlleva, requiere que todos los recursos sean invertidos en el estudiante, dejando a un lado la posibilidad de ganancias… Por ello, nos parece ideal que esa delegación del ofrecimiento de la educación alternativa al sector no gubernamental, se base principalmente en las organizaciones sin fines de lucro de base comunitaria’, sostuvo.

A su turno, el Departamento de Educación (DE), avaló la intención del P. de la C. 3865, por considerar que fortalece y encamina modelos efectivos de educación alterativa.

El secretario auxiliar del Área de Servicio al Estudiante, Félix Avilés, opinó que reglamentar y establecer garantías educativas de calidad es beneficioso tanto para el Estado, como para el estudiantado.

Añadió que ‘la creación de un cuerpo que establecerá los estándares de calidad para los programas de educación alternativa, así como los indicadores y métricas para evaluar las organizaciones que ofrecen servicios educativos alternativos, brindará al Consejo de Educación Superior una herramienta eficaz para regular a esas instituciones y controlar la calidad de ese tipo de educación’.

Avilés dijo que de 2,000 a 2,500 estudiantes se dan de baja actualmente del sistema educativo, convirtiéndose así en desertores escolares.