El presidente de la Comisión de Derecho Corporativo del Colegio de Abogados (CAPR), Iván Ríos Mena, alertó el martes sobre la ilegalidad de los contratos que la empresa fundada por el senador Roger Iglesias mantiene con agencias del gobierno.

‘Las corporaciones regulares no se pueden usar para ofrecer servicios profesionales en Puerto Rico porque la Ley de la Junta Examinadora lo prohíbe. Dicha ley no conflige con la Ley General de Corporaciones y solo permite que los ofrezcan individuos, sociedades o corporaciones profesionales’, dijo el letrado en un comunicado de prensa.

‘En cuanto a la reciente controversia sobre el uso de una corporación regular por Iglesias para proveer servicios de ingeniería a agencias del gobierno, la contratación viola las normas vigentes en Puerto Rico.

También quiero enfatizar que no hay conflicto entre la Ley de la Junta Examinadora y la Ley General de Corporaciones del 2009, tal como han insinuado algunos funcionarios gubernamentales porque la primera supuestamente no dice nada al respecto y la segunda prohíbe el uso de corporaciones regulares para servicios de ingeniería’, agregó Ríos Mena.

Explicó además que el Artículo 1.01 de la Ley General de Corporaciones establece que las corporaciones pueden establecerse para la realización o promoción de cualquier negocio o propósito lícito, excepto los proscritos por la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado.

No obstante, ‘Otras leyes pueden limitar el uso de la corporación para negocios lícitos. La Ley de la Junta Examinadora hace precisamente eso: prohíbe el uso de la corporación regular para el ejercicio de la ingeniería y es totalmente legítimo’, expresó.

Ríos Mena precisó que ‘solo se puede usar la sociedad o la corporación profesional para ofrecer servicios de ingeniería por propósitos de bienestar público’.

‘Las dos leyes que he mencionado requieren que todos los socios o accionistas sean, en este caso, ingenieros licenciados’, añadió Ríos Mena, al tiempo que explicó que ‘esto es así porque el Estado quiere evitar que el público reciba servicios de parte de personas que no cumplen con un mínimo de destrezas’.