Las cabezas todavía giran un poco mareadas tras la sacudida de tres conferencias de prensa casi simultáneas con muchas recriminaciones, pero pocos datos fehacientes, en el caso por supuesta violencia doméstica del representante del Partido Popular Democrático (PPD), y candidato de ese partido a la alcaldía de San Juan, Héctor Ferrer Ríos.

Para separar el grano de la paja, en NotiCel hacemos un ejercicio de cernimiento y, como todo nuestro trabajo, lo abrimos a su reacción y comentarios en nuestra página de Facebook.

Hay un antes y un después de esta historia, y el giro ocurrió en algún momento entre el jueves en la noche y el sábado. Hasta el jueves en la noche, hay una sucesión de hechos clara que nadie ha negado.

El primero de ellos es que el miércoles en la noche en la residencia de Ferrer en Cupey ocurrió un episodio lo suficientemente grave como para que su compañera, y madre de su hijo menor, pidiera auxilio a familiares, y para que la mamá de ésta llamara a la Policía. Ese incidente no fue físico, pero provocó un impulso en la compañera, Elisa Hernández Negrón, que incluyó prestar una declaración jurada el jueves ante la fiscal Melissa Vázquez acompañada de su abogada y de sus familiares. El impulso también incluyó recurrir al tribunal para conseguir una orden de protección con vigencia de un año que le prohibía a Ferrer tener contacto con Hernández. Es un hecho también que, mientras Hernández estaba en proceso de prestar la declaración jurada y Ferrer estaba ‘detenido para investigación’ en el cuartel de Hato Rey Oeste, la Procuradora de la Mujer, Wanda Vázquez, personalmente interactuó con Hernández.

Todo esto sobrevive intacto al torbellino de conferencias de ayer y el país no lo ha podido discutir con detalles fehacientes porque no se han distribuido de manera íntegra la declaración jurada de Hernández, ni la orden de protección. Tampoco, por supuesto, las notas que hayan levantado cualquiera de los otros funcionarios públicos del Departamento de la Familia, la Procuradoría, y otros que hayan interactuado con Hernández entre miércoles y jueves.

Del sábado en adelante, con las declaraciones juradas de Hernández y su madre, y con las declaraciones de Ferrer, de la Procuradora, y de los secretarios de Justicia y la Familia, lo que el país ha visto son reinterpretaciones de lo que sucedió entre miércoles y jueves. Esas expresiones no rebaten los hechos, sino que sirven para que cada protagonista le dé un giro distinto. Es decir, como dicen en Casa Blanca, estamos en un escenario de ‘spin’.

Ferrer, por ejemplo, fue emotivo y contundente en proyectar indignación ayer, pero no dijo ni una palabra sobre el evento que lo provocó todo. Esto con la excusa de que está sometido a un Fiscal Especial Independiente (FEI). Permanecer callado es un derecho, no una obligación, que Ferrer tiene. Muy bien pudo haber dicho lo que entiende que es su verdad sobre el evento del miércoles. Tampoco emitió una posición sobre la violencia doméstica o de género.

En cuanto a Hernández, ha emitido comunicados, sometido mociones, y suscrito declaraciones juradas, pero en ningún momento ha negado que en su casa pasó algo el miércoles en la noche que la llevó a mover todos los procesos que culminaron con la orden de protección. Sólo ha dicho que no le interesa seguir con cualquier cosa que se haya iniciado.

Sobre el gobierno, la atención que recibió este caso desde su inicio sería la envidia de cualquiera de las víctimas de violencia doméstica que a diario chocan con un sistema muchas veces indiferente a sus tragedias personales. Que el sistema al que todos los días le asesinan mujeres, que se supone estén a su cuidado, atienda a Hernández con sus mejores operarios, incluyendo a la Procuradora de la Mujer personalmente, es en sí mismo un hecho que está ahí sin que nadie lo niegue y sin que nadie lo aborde directamente.

El secretario de Justicia, Guillermo Somoza, no puso a su fiscal, Vázquez, ante la prensa para que se defendiera de las imputaciones directas que le hizo Ferrer, y no abordó sólidamente las acusaciones de Hernández sobre el contexto en que se le tomó la declaración jurada. Tampoco permitió el examen del expediente por parte de los medios, aunque lo tenía en la mano como utilería, y aunque luego alguien bajo su mando, o el del Panel del FEI, filtró un resumen de la declaración de Hernández que es sólo eso, un resumen sin el beneficio del documento íntegro para contrastar.

El FEI hace también su aportación cuando da señales de que va a ‘estirar el chicle’ en el procesamiento de este caso, en vez de atenderlo con la premura que dictan la materia (violencia doméstica con supuesto maltrato de menores), y la atención pública.

Y es ahí donde el PPD y el gobierno quedan unidos en esta trama, como gemelos siameses: ninguno de los dos está actuando por principios, sino por pura conveniencia.

El PPD porque lo único que debería necesitar para tomar una decisión sobre Ferrer es el hecho del miércoles. En vez, están esperando a ver si Ferrer puede ganar la batalla de la opinión pública para entonces decidir. Ese es el ‘espacio’ del que salió el reversazo de Hernández, y del cual es parte la conferencia de prensa de ayer.

El gobierno porque la retirada de Hernández pone el caso criminal en verdaderos problemas desde el punto de vista práctico. Tantos que, si fuera cualquier otra persona, ya se hubieran movido a archivarlo. Pero, como es quien es, lo que dicta la conveniencia es mantener el caso vivo, y dejar para después cosas que se podrían decidir hoy, sea archivar o radicar.

Y en la indefensión más absoluta hay un menor de cinco años, expuesto a ver las imágenes de su padre y su madre 24 horas en televisión, expuesto a los procedimientos potencialmente traumáticos de una investigación por maltrato, y expuesto a que, de ahora en adelante, un lado y otro lo usen como balón en una lucha que es inescapablemente partidista.