Un parco representante José Luis Rivera Guerra reiteró hoy a NotiCel que no ha cometido ningún delito y pidió a su Partido Nuevo Progresista (PNP) que deje que sean los electores de su distrito representativo los que decidan si debe o no regresar a un nuevo término en la Legislatura.

‘Realmente no tengo comentarios’, dijo Rivera Guerra a NotiCel cuando se le preguntó qué le parecía la determinación de la Comisión cameral de Ética, que le dio una reprimenda pública y le suspendió el cobro de sus dietas por 10 días.

El legislador se mostró un poco incómodo cuando se le preguntó por la opinión pública y la singular protesta del denominado ‘toallazo pa’ Liza’ Fernández, quien preside la Comisión de Ética.

‘La democracia está ahí, unos lo ven como toallazo, otros no. La democracia está ahí y la vamos a respetar, yo lo que pido es que el pueblo sea el que decida que mis constituyentes sean los que decidan’, indicó Rivera Guerra.

NotiCel insistió en qué le parecen los referidos que el gobernador Luis Fortuño le hizo al Departamento de Justicia para que lo investigue y al PNP para que evalúe si lo debe mantener como candidato a la reelección.

‘De igual manera tengo todos los documentos para que los puedan evaluar porque no he cometido ningún delito. Dios me lo cuide, gracias’, sentenció Rivera Guerra antes de colgar abruptamente la llamada.

Rivera Guerra se encuentra en el ojo del huracán luego de admitir que no paga al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) las contribuciones sobre una propiedad que construyó sin los debidos permisos en Aguadilla. La residencia de dos plantas, que tiene una piscina interior, recibe servicios de agua y luz de cuentas de familiares del legislador.

Tras evaluar el caso del representante, la Comisión de Ética determinó que estar ‘arrimado’ a servicios de electricidad no es delito.

La determinación del organismo cameral creó indignación en el pueblo que ayer le llevó poco más de 50 toallas a la representante Fernández, por lo que opinaron es un trato desigual el que las agencias gubernamentales les da a los ciudadanos versus el trato con guantes de seda que reciben los políticos.

Al polémico caso de Rivera Guerra, se unen ahora el del representante Waldemar Quiles, quien reconoció que no paga CRIM, y la alcaldesa de Guayama, Glorimarie Jaime, quien sostuvo que no pagará al CRIM una deuda de más de $13,000. El trío de funcionarios electos son del PNP.