El congresista boricua Luis Gutiérrez aseguró que el gasoducto no va y restó importancia a la Evaluación Ambiental del Cuerpo de Ingenieros que claramente respalda una de las más importantes propuestas de la administración Fortuño.

‘Esto es solo parte del proceso federal de evaluación de la solicitud del permiso. Pero aún si al final de ese proceso el Cuerpo de Ingenieros aprobase ese permiso, ese gasoducto no se hará realidad’, sostuvo el representante, quien desde Washington ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno sobre este proyecto.

Para Gutiérrez el poder del pueblo logrará detener la tubería que se extendería desde el sur al norte de la Isla a través de 92 millas.

‘El pueblo seguirá expresando de muchas maneras su oposición a este proyecto sin sendito, peligroso y que malgasta su dinero. Y, es ese pueblo quien tiene la autoridad final para denegar de forma efectiva el permiso’, sostuvo.

El funcionario denunció que son precisamente las mentiras del Gobierno que han provocado el rechazo de la ciudadanía. El más reciente ejemplo quedó evidenciado, según Gutiérrez, en una comunicación en la que el coronel Alfred Pantano, comandante del distrito de Jacksonville del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos desmintió a Fortuño al negar que la expropiación de propiedades en la ruta por donde atravesaría el propuesto gasoducto era necesaria para obtener el permiso de construcción.

‘Usted pregunta específicamente si la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno de Puerto Rico tenían que expropiar todas las tierras en la que se construiría el gasoducto para obtener el permiso del Cuerpo de Ingenieros. La respuesta es sencilla: no’, lee la misiva de Pantano enviada al congresista el pasado 30 de noviembre.

‘Queda claro que esta es otra mentira de quienes quieren imponer a la fuerza el gasoducto sobre la voluntad del pueblo. Esta voluntad es la que ya negó el permiso’, insistió.

Los expertos han cuestionado la seriedad del estudio divulgado el miércoles porque descarta el requisito de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) federal y no garantiza vistas públicas.

Sobre estos particulares, Pantana recalcó que su decisión final sobre la DIA y las celebración de vistas públicas ‘se harán una vez culmine el periodo de 30 días de comentarios del borrador’.

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