‘Este gobierno tiene las manos llenas de sangre’. Con esa contundente declaración, defensores de los derechos humanos e integrantes de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico exigieron al gobernador Luis Fortuño que cumpla con el compromiso programático de su Partido Nuevo Progresista (PNP) de aprobar la ley que prohíbe el discrimen en el empleo por orientación sexual.

La Cámara de Representantes ya aprobó el P. de la C. 1725, pero la medida está durmiendo el sueño de los justos en el Senado porque el presidente de ese cuerpo, Thomás Rivera Schatz, se niega a cumplir con el compromiso programático del PNP, denunció lacatedrática Nora Vargas, quien lleva casos por discrimen en el empleo por orientación sexual en los tribunales Supremo, Federal y de Primara Instancia de Fajardo.

‘Este es un asunto de derechos humanos y no tener legislación específica coloca a las personas LGBTT en un estado de indefensión intolerable, por eso esta legislación es tan importante’,sostuvo Vargas.

El estudiante de derecho, Carlos Pagán, destacó que no se le está pidiendo al Gobernador nada inconsistente con la promesa que le hizo al electorado en noviembre de 2008.

‘Hacemos un llamado al gobernador Luis Fortuño para que, en cumplimiento a su promesa de campaña y programa de gobierno, públicamente impulse la aprobación del P. de la C. 1725 y le ofrezca a la comunidad LGBTT la oportunidad detenerasí un ambiente de trabajo digno donde no se discrimine por su orientación sexual’, indicó el estudiante de Derecho y miembro de la Clínica.

Mientras, la catedrática de Salud Pública, Carmen Milagros Vélez, arremetió contra el gobierno homofóbico de Fortuño.

‘Nosotros tenemos que recoger a los miembros de nuestra comunidad picados en bolsas y mientras no se aprueban leyes que nos protejanvan a seguir discriminando y abusando contra la población LGBTT. Este gobierno tiene las manos llenas de sangre con los asesinatos de los miembros de nuestra comunidad porque el gobierno no ha hecho nada’, afirmó.

Criticó, incluso, la peligrosa actitudde muchos funcionarios que señalan ‘es que esagente se lo busca’, dejando entrever que los crímenes contra los ciudadanos de la comunidad LGBTTpueden quedar impunes.

‘Es un problema de salud pública el no reconocimiento de una población porque los hace invisibles’, afirmó Vélez, quien es madre de una niña de 11 años de la que aseguró no tiene los derechos que disfrutan los niños de las parejas heterosexuales porque su madre es lesbiana.

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), William Ramírez, llamó la atención de que es Rivera Schatz el mayor obstáculo para lograr que el Senado considere el proyecto.

‘No hay mayoría para aprobarlo porque es una mano dura en el Senado. Los senadores de su partido van a seguir el mandato de su presidente’, indicó.

‘Si no lo quiere ver como un issue de derechos de la comunidad LGBTT, que lo vea como un issue de derechos humanos, que lo es’, sentenció.