El gobernador Luis Fortuño se mantuvo firme en que no cedería a que se elimine el tope de $250,000 en los casos de impericia médica por daños por angustias mentales sufridos, pese a la tenaz oposición de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica Hospitalaria y de la presidenta de la comisión de Salud del Senado, Lornna Soto.

Un tanto incómodo con la pregunta de NotiCel, Fortuño rechazó que su interés en que permanezca el tope de alguna manera se relaciona a un caso por impericia médica en el que estuvo involucrado su suegro que llegó hasta el Tribunal Supremo, donde fue exonerado de cualquier negligencia.

‘No solamente salió bien (en los tribunales), sino que está retirado hace muchísimos años, al igual que mi papá. Esto es algo que se ha hecho en otras jurisdicciones en donde yo no tengo ni suegros ni papá y es algo que ha tenido un efecto sumamente positivo con las víctimas’, indicó Fortuño en rueda de prensa.

El mandatario afirmó que en los estados de Texas y Florida, donde hay legislación similar a la que él promueve, ha sido exitosa.

‘Lo que estamos buscando es que todo el mundo gane en este esfuerzo. Vamos obviamente a lograr el máximo posible para garantizar que no ocurra lo que ocurre hoy’, destacó Fortuño.

Se refirió al caso del accidente que sufrió el representante José Luis Rivera Guerra, quien fue arrollado por un auto mientras transitaba en bicicleta y fue referido al Centro Médico de Río Piedras.

‘No quiere decir que en el oeste no hay cirujanos, ortopedas y otros especialistas, es que con las circunstancias de cómo están escritas las leyes hoy en día no van a estar disponibles y van a llevarse a Centro Médico y lo que eso hace es que no se pueda dar el mejor servicio que nuestra gente se merece’, destacó.

Agregó el Gobernador que ‘lo que estamos buscando es que todo el mundo tenga el servicio adecuado aprendiendo de otras jurisdicciones y lo que hemos traído es estrictamente lo que en otras jurisdicciones como Florida y Texas ha funcionado muy bien’.

NC: Pero usted retiraría el tope para que la legislación se apruebe?.-

‘Vuelvo y repito, aquí lo que tenemos que ver es cómo en Texas y Florida las cosas mejoraron para los pacientes, que al final del día son la razón de ser de cualquier sistema de salud’, ripostó Fortuño.

NotiCel reveló esta semana que el anestesiólogo Rosendo Vela, padre de Luce Vela, esposa del Gobernador Fortuño, estuvo involucrado en un caso de impericia médica en el que la paciente quedó incapacitada tras sufrir un derrame que le produjo parálisis en todo el lado izquierdo de su cuerpo y cerebro. (Para ver la historia pulse este enlace)

La resolución del caso (Certiorari 2004 TSPR 160, del 5 de octubre de 2004) estableció jurisprudencia tras la opinión escrita por el ex juez asociado, Efraín Rivera Pérez, quien tras su renuncia al máximo foro judicial fue nombrado por el gobernador Luis Fortuño como monitor de la Policía.

El Supremo revocó una sentencia del Tribunal de Apelaciones que, a su vez, había revocado una decisión del Tribunal de Primera Instancia desestimando la demanda de Wanda López Delgado, quien se sometió a una cirugía estética y quien autorizó el proceso quirúrgico fue el doctor Vela.

El tribunal intermedio apelativo concluyó que los demandantes lograron demostrar, mediante prueba pericial, los elementos requeridos para configurar una acción por impericia médica, pero el Supremo lo revocó.

‘Se confirma la Sentencia de Instancia de desestimación porque no se probó que los demandados se apartaran de las normas de excelencia profesional reconocidas por la profesión médica’, determinó el juez asociado Rivera Pérez.

De inmediato no fue posible conseguir una reacción del presidente de la Asociación de Víctimas de Impericia, Raúl González, sobre la negativa del mandatario a eliminar el tope.

Tampoco contestó varias peticiones de entrevista la senadora Soto, quien se opone al tope en la medida del ejecutivo. Soto anunció que solicitó una reunión al mandatario para presentarle seis medidas de su autoría que buscan atender el problema de los casos frívolos de impericia médica, pero que no establecen topes económicos para ninguno de los daños que pueda sufrir una víctima de impericia médica.