Abogados de la Corporación de Acción Civil y Educación (CACE) explicaron que quedan aún muchos asuntos por resolver en el caso sobre condiciones carcelarias Morales Feliciano, incluyendo órdenes y documentos que suman 2,800 páginas que tocan asuntos tan medulares como lo es la cantidad necesaria de oficiales correccionales en las instituciones penales del país.

Esto, en momentos en que la corte federal le ha quitado el financiamiento a la organización a raíz de una determinación del juez apelativo Paul Barbadoro y la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico anuncia que la entidad federal que le provee fondos les prohibió atender casos presentados por confinados, lo que implica que los confinados quedarán desprovistos de asistencia legal.

Los licenciados Guillermo Ramos Luiña y Marco A. Abarca Díaz de CACE hicieron el reclamo en un parte de prensa en el que recordaron que el litigio de casos de confinados requiere unos esfuerzos particulares y presenta unas dificultades que no están presentes en los demás tipos de litigios.

‘El confinado es una persona que vive bajo amplias restricciones, lo que obstaculiza la comunicación y le impide al confinado contribuir eficientemente a su caso. Queda del abogado hacer las gestiones para recopilar toda la información y documentación necesaria…CACE se estructuró tomando en cuenta esas particularidades para brindar a estas personas un servicio de excelencia’, sostuvieron.

El propio Tribunal Federal fue el que asignó en un principio a fondos CACE para la defensa de los confinados provenientes de las multas al Gobierno de Puerto Rico por las múltiples violaciones a las órdenes del caso Morales Feliciano. Recientemente CACE sometió al Tribunal el presupuesto para este año fiscal y se solicitó el desembolso del remanente del presupuesto aprobado por el Tribunal para el pasado año fiscal, pero Barbadoro, juez recién nombrado al caso y quien es conocido en la Isla por el caso del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, denegó esa solicitud de fondos.

Hasta el momento los abogados de CACE han continuado brindando servicios a tiempo completo sin recibir remuneración, pero su situación económica les impide continuar dicha labor, advirtieron.