Encubrimiento y silenciamiento. Así denunció hoy la Comisión Especial sobre Fiscalización del Estado de los Derechos Constitucionales en Puerto Rico del Colegio de Abogados, que tiene el Gobierno con los casos de violaciones a derechos civiles en la Isla.

El licenciado Eduardo Villanueva, presidente de la Comisión, explicó a NotiCel que le solicitaron al Gobierno toda la documentación que ha recogido el Estado sobre violaciones a derechos civiles y las querellas que han recibido por parte de la ciudadanía a varios funcionarios, pero al día de hoy no han recibido respuesta.

Dijo Villanueva que se envió una misiva haciéndole la solicitud tanto al secretario del Departamento de Justicia, Guillermo Somoza, como al ex Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, y al monitor independiente de la Uniformada, el licenciado Efraín Rivera. Igualmente, se les pidió a estos funcionarios comparecencia a unas vistas públicas que realizó la Comisión, pero nunca acudieron.

Villanueva agregó que ‘no hemos tenido respuesta ni siquiera para decirnos que no tienen la información o que no han recibido querella’. Pese a esto, dijo que tienen conocimiento de que con el incidente que se suscito en el Capitolio durante la huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, algunos ciudadanos sí presentaron querellas las que, alegó, ‘no sabemos ni cuantas se archivaron, ni cuantas están pendientes’. Destacó que igualmente se le preguntó a Somoza en la carta que le enviaron, si en el Departamento de Justicia existía una División de Derechos Civiles, como en otras jurisdicciones.

La idea de la carta y de las vistas, según Villanueva, era conocer en que posición estaba la Isla y si existía un mecanismo que documentara las violaciones de derechos civiles y que recogiera también las discriminaciones raciales, étnicas, por orientación sexual y de género. Pero, apuntó Villanueva, la respuesta ha sido ‘el silencio’ y el ‘encubrimiento de documentos públicos’.

Señaló que ante la falta de respuesta de los funcionarios, le llevaron una carta al gobernador Luis Fortuño el pasado 11 de mayo a La Fortaleza, en la que se le solicitaba además que se realizara un estudio comprensivo sobre la violación de derechos civiles que abarcara los últimos dos años de mandato de Aníbal Acevedo Vilá y los primeros dos de su administración. Sin embargo, todavía no han recibido respuesta.

Indicó Villanueva que tiene información de una supuesta directriz para que no se le permita acceso a esta información al Colegio, lo que a su juicio afecta la seguridad pública y pone en cuestionamiento el alarde de vivir en un país democrático.

Sobre la investigación que realiza el Departamento de Justicia Federal sobre las violaciones de derechos civiles por parte de la Policía, manifestó Villanueva que todavía esta en proceso. Del mismo modo, que ya el Colegio recibió las transcripciones por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de los ciudadanos que rindieron declaraciones, pero están a la espera de la versión del Estado.

También, que el Colegio le entregó copia a dos funcionarios del Departamento de Justicia Federal del informe que realizaron sobre los incidentes en el Capitolio.

Fnalmente, Villanueva destacó que la Comisión está en una actitud de apertura al diálogo con el Gobierno, que van a agotar todos los recursos y que en última instancia podrían entablar un pleito legal para que se les permita acceso a dicha información.