Todavía no ha llegado el cheque de poco más de $1,000 millones que consuma la entrega de la PR-22 y la PR-5 por 40 años a un consorcio privado, y ya aparecen nombres de alto perfil guisando con el consorcio.

El ex gobernador Carlos Romero Barceló, y el ex juez asociado del Tribunal Supremo, Efraín Rivera Pérez, aparecen en el Tribunal Federal como abogados de Autopistas de Puerto Rico, el consorcio bajo el cual las compañías Abertis Infraestructuras y Goldman Sachs se acaban de llevar el beneficio de recibir todo el ingreso de peajes que produzcan esas dos autopistas en 40 años.

La acción en el tribunal federal tiene la intención de que ese foro asuma jurisdicción sobre una demanda que le presentó a nivel local la empresa Supra a Albertis por una disputa relacionada al Puente Teodoro Moscoso. Esa demanda tiene como abogado al ex gobernador Rafael Hernández Colón, lo que coloca a éste en la posición de ser el abogado de una de las empresas que se benefician de un proyecto que él mismo desarrolló cuando era Gobernador.

El resultado final es que la disputa tiene de un lado al ex gobernador Hernández Colón y del otro lado al ex gobernador Romero Barceló y al ex juez Rivera Pérez, todos cobrando como abogados en una disputa surgida de obras públicas, a la misma vez que los tres reciben una pensión pagada con fondos públicos. En el caso de Rivera Pérez, la pensión como juezes prácticamente los mismos $125,000 anuales que tenía como salario.

El consorcio no se limitó a blindarse con un ex mandatario y un ex juez del Supremo, sino que también tiene de abogados al bufete McConnell Valdés, donde es socio administrador Arturo García Solá, la persona que está a cargo del fideicomiso de bienes del matrimonio del gobernador Luis Fortuño y Luz E. Vela.

No es el primer pleito en el que estos tres ex funcionarios aparecen en bandos distintos y, en el caso de Romero Barceló, sus intervenciones no se limitan a firmar como abogado. Justo esta semana, y también en el tribunal federal, ocurrió la transacción por $1 millón de la pelea ocurrida por la venta del edificio Covadonga 104 a la Legislatura en $6 millones.

En esa transacción, Romero Barceló fue el notario y la demanda precisamente surge porque uno de los accionistas dueños del edificio dice que la venta se concretó sin su autorización. Es obligación del notario velar por que las partes que venden están debidamente autorizadas a así hacerlo.

Las partes en disputa en esa demanda son los convictos Tommy Habibe, padre e hijo. El asesor de la presidencia del Senado, Charlie Rodríguez, también participó en la transacción de compraventa.