Una iglesia cristiana en Hatillo se encuentra en disputa con el gobierno federal por los terrenos en que ubica su templo y que no han podido inscribir desde su compra hace 26 años, por lo que llevaron a cabo a una protesta hoy frente a las instalaciones del gobierno federal en Hato Rey.

La Iglesia Asamblea de Dios de Hatillo, Inc. ‘Casa de Restauración y Refugio’ alegó que el gobierno federal engañó a la iglesia ya que en el 2009, éstos le solicitaron que no se convocara la prensa con el compromiso de ayudarlos y ahora en el 2011 se han enterado por conducto de un comprador, que los federales se encuentran vendiendo los terrenos donde se encuentra el templo con la condición de desahuciarlos.

En entrevista con Inter News Service (INS), el pastor de la iglesia, Abiatar Ramos dijo que los terrenos fueron confiscados en el 2004 por el gobierno federal al entonces propietario de la finca de ocho cuerdas Aureliano Giraud Piñeiro, que a su vez se la había permutado en el 1998 al vendedor original, Rubén Ortíz Galarza.

El gobierno federal acusó en ausencia en diciembre del 2003 a Giraud Piñeiro por posesión de cocaína con intención de distribución y por lavado de dinero. Luego de estar fugitivo, fue arrestado en marzo del 2009 en República Dominicana por un ‘task force’ de agentes federales y la policía nacional dominicana.

El pastor Ramos explicó a INS que el origen de este asunto se remonta al 1985, cuando la iglesia le compra el terreno de 3,300 metros cuadrados de una finca total de cuatro cuerdas a Ortíz Galarza. Desde entonces, el título de propiedad se presentó con el término ‘promesa de segregación’ , pero la segregación nunca se llegó a realizar. En dicho terreno ubica su templo.

El líder religioso aseguró que en el 2009 dieron conocimiento de su situación al gobernador Luis Fortuño, al jefe auxiliar de los alguaciles federales, Pedro A. Vélez, y a Leonard Briskman, jefe auxiliar de los alguaciles federales para Dirección de Negocios (Business Management).

En diciembre del 2009, supuestamente Briskman le solicitó a los miembros de la iglesia que no se convocara a una conferencia de prensa con el compromiso de ayudarlos y hasta les ofreció ceder una finca de menor valor también confiscada, aledaña al terreno donde se encuentra el templo.

En una consulta de INS a un abogado especializado en derecho civil propietario que prefirió no ser identificado, éste explicó que por un lado una ‘promesa de segregación’ no es un traslado de título aunque habría que examinar el documento a fondo.

Sin embargo, indicó que dado que la organización religiosa lleva más de 20 años en un acto de dominio y actuando como dueños que edificaron sobre el terreno, pueden acudir al tribunal para radicar un interdicto contra el gobierno federal, ya que como edificantes de buena fe, la ley los protege.