Las querellas contra agentes de la Policía en ocasiones se convierten en perpetuas, según un proyecto cameral que dio paso a una ley firmada por el gobernador Luis Fortuño en los pasados días y que establece un período máximo de 180 días para atenderlas.

En la nueva normativa, la Ley 35 del 21 de marzo de 2011, se establece que aunque existía un reglamento para atender las quejas contra los oficiales, no se establecían términos máximos para que dichos trámites y las determinaciones finales sean trabajados’.

La pieza añade que ‘esta situación ha causado un gran caos, ya que ocasiona que los miembros de la Fuerza que son acusados de distintas violaciones al reglamento vean perpetuadas dichas alegaciones sin que se resuelvan en un tiempo razonable’.

‘Esta ley no pretende buscarles una salida a aquellos oficiales del orden público que atentan contra la confianza que se ha depositado en ellos, sino que busca garantizar que las acusaciones sean atendidas en un término de tiempo prudente’, señala.

La ley, impulsada por los representantes Héctor Torres y María Vega, califica de ‘alarmante que la Policía de Puerto Rico no sea capaz de atender de manera expedita posible violaciones al reglamento y que se tenga, no sólo al policía sino a la posible víctima, esperando por años que se haga justicia’.

Ahora las investigaciones y el saldo de las mismas ‘no podrá excederse de un término máximo de 180 días’ y ‘cualquier trámite de falta grave, incluyendo su investigación y adjudicación final, no podrá excederse de un término máximo de un año’, todo a partir del momento en que se reciba la querella.