El ex representante Rolando Crespo, primer legislador que sale positivo en una prueba de sustancias controladas, intentó suavizar la pena que enfrentan los convictos bajo la Ley de Sustancias Controladas el cuatrienio pasado.

El intento, que no pasó el cedazo de la Comisión de lo Jurídico y Seguridad Pública, se registró a través del Proyecto de la Cámara 579 radicado el 14 de enero de 2005.

La medida buscaba que a los convictos por la Ley de Sustancias Controladas se les extendieran los beneficios que tienen aquellos que optan por un programa de desvío, a los efectos de que se les permite mantener sus licencias de conducir y de armas. La ley dicta que se tratan distinto, que el desvíado tiene el privilegio, pero que el convicto enfrenta una prohibición de obtener licencias y suspensión de las licencias que tenga vigentes.

‘Entendemos que dicha interpretación no es cónsona con la Política Pública de darle una oportunidad real al usuario de drogas que es convicto por primera vez de rehabilitarse. Esta interpretación limita la posibilidad de la persona de continuar trabajando o de conservar su empleo y de esa manera continuar siendo un ciudadano productivo para la sociedad y para su propia familia’, escribió el legislador en la exposición de motivos.

La Oficina de la Administración de los Tribunales se opuso porque ya la ley facultaba al juez a aplicar discreción en esta pena, mientras que la Adminsitración de los Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción la favoreció. Al final, la comisión rindió un informe negativo y ahí quedó.