El licenciado Víctor García San Inocencio comenta sobre la orden ejecutiva para regular el uso de vehículos todoterreno.

La seguridad de los puertorriqueños está en peligro. Un gobierno alocado encabezado por una gobernante desarbolada mantiene de rehén al país y hace peligrar lo poco que funciona mientras empeora lo que ya se ha tornado inservible, para no hablar de lo que nunca ha funcionado.

El último capítulo en la seguidilla de disparates de la gobernadora es la creación de un Comité —herramienta útil de distracción— para institucionalizar la inseguridad en las vías públicas. Todo surge del lucimiento de la candidata entonces de motorizarse para retratarse en cuanto vehículo inseguro existe. Para descrédito de quienes practican la actividad recreativa del motorismo con decoro, orden y seguridad, la aspirante entonces, quizás para imitar a una letrada motorizada se equipó de los vehículos necesarios, probablemente prestados o cedidos para su exhibicionismo de campaña.

Las corridas —al parecer fueron un par— desafiando la Ley de la Gravedad— fueron fotografiadas y grabadas desde mil y una tomas angulares, con propósito de hacer posible el encuadre, ampliando el estilo “lumpen” tan apreciado por la entonces candidata a la gobernación. Ella y sus imitadores —quienes no necesitaban mayor incentivo— proclamaron el credo-promesa de que su “administración” le daría tablillas a todo lo que tuviera motor para correr por las vías públicas del país. Pregunté entonces en otra columna, si eso significaba que conseguiría tablilla para mi nevera.

Esa promesa ella sabía que era incumplible —otra más— porque la mayor parte de los tipos de vehículo a los que se refiere no son aptos para ser utilizados en la totalidad de las vías públicas del país. Aun cuando esas vías estuviesen en perfectas condiciones, lo que no sucede en el 99% de éstas, estos vehículos no podrían estar transitando, pues su diseño, tipo de tracción y otras características los hacen proclives a virarse, volcarse, arrastrarse y herir a sus conductores u ocupantes, o hasta matarlos. Claro está, puede haber víctimas que sean golpeadas por estos vehículos-proyectiles y resultar también en incapacidad o muerte.

Una batida policial contra una de estas corridas jenifferistas en Cataño, con cientos de infracciones, algunas detenciones y protestas provocó otra improvisación más de la gobernadora cuando los agraviados por la acción de ley orden se quejaron en las redes de que ella no ha cumplido con la promesa, que reitero, la gobernadora sabe bien que no puede cumplir. Su práctica socorrida de crear un comité —otro más—esta vez, con secretarios de su administración, al menos hay en el grupo dos confirmados —el de Hacienda y Transportación y Obras Públicas; junto al derrotado “Memo”, director en consolación de Seguridad en el Tránsito y otra cohorte, sumado a líderes motoristas, constituye el aguaje más reciente, más le vale, de donde surgirán conversaciones, diálogos, debates bizantinos y peregrinos y probablemente otro comité o subcomité para enviarle alguna propuesta al senador Rivera Schatz.

Mientras tanto, ya los envalentonados se preparan para desafiar con sus vehículos, piruetas , excesos y maniobras la seguridad en peligro suya y de quienes les rodean y para retar a los policías de quienes se burlan continuamente y desafían donde quiera que los ven.

Todo este peligro añadido a mano por la gobernadora, pudo tener un curso distinto. Pudo la ocupante provisional de Fortaleza aprovechar la ocasión para decir que no se puede tomar literalmente su promesa de campaña y que no es posible autorizar diferentes tipos de vehículos motorizados en las vías públicas o gran parte de estas. Lo pudo decir —excusarse nunca— a quienes le creyeron el cuento. Pudo iniciar una campaña de orientación seria para conseguir que se saque estos vehículos de las vías públicas y aclarar que las motoras según su peso, aunque tengan tablilla también están sujetas a restricciones.

Pudo ordenar a la Policía a encabezar una campaña de orientación para luego expedir boletos a quienes no utilicen los aparatos de seguridad requeridos. Pudo, en fin, hacer algo proactivo y enérgico para atacar el problema, no para ampliarlo o postergar su atención. Pero no, pudieron más el ego y el oportunismo, pudo más la inmadurez y su paradójica liviandad, nunca la razón, ni la empatía con los familiares de los cuantiosos muertos, heridos, incapacitados y perjudicados, ni el bienestar de los millones que clamamos en Puerto Rico por la seguridad y tranquilidad de nuestras vías públicas.

Este es el más reciente ejemplo de cómo la gobernadora adicta a las distracciones pone por ventajería en situación de inseguridad algún aspecto de nuestras vidas. Mientras se distrae con esto la atención del público y se la desvía de los tajureos de las compañías de electricidad, combustible y suplido de equipos para la anunciada crisis de los apagones del verano; se evita la discusión del gabinete derruido, de los recortes federales multimillonarios, de la bancarrota de al menos la mitad de los municipios, de la segunda quiebra del país en fila y en remojo, de la eliminación de programas, de la turbidez y corrupción que se bate en las entrañas del gobierno y de todo el desordenado vertedero sobre le cual la primera ejecutadora del país regentea.

La seguridad del país sigue expuesta al peligro con los agravantes que le impone la gobernadora y su desgobierno. ¿Habrá entre los nueve mil resumés el de alguien que la sustituya?

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