Las únicas raíces que han echado y lastrado el sistema de educación pública, no son las del apellido de la Secretaria, que no es una desconocida en el Departamento de Educación, donde lleva más de dos décadas trabajando y conoce el monstruo y sus entrañas.

Los 93 puestos de confianza en el Departamento de Educación de los cuales se alega son el mismo número que había en la administración anterior popular, han desatado un furioso debate que debería tomarse en serio para analizar un fenómeno que se presta para penosas corruptelas.

En todo gobierno, por razón de ciertas materias delicadas, o determinados asuntos que requieren cargos que demandan muchas cautelas y cuidados, habrá personas que se desempeñen en puestos de confianza.

Ello no significa que esa realidad necesaria, justifique el desangramiento presupuestario; la devaluación más fétida del principio de mérito, o la formación de maquinarias políticas dentro y fuera de las agencias, que lejos del provecho y del Bien Común sirven al interés partidario, e incluso a su más vulgar financiamiento. Como parece derivarse del alegado pago de un préstamo personal del alcalde de Ponce por empleados de confianza.

En la Asamblea Legislativa cada representante o senador propone al presidente de su respectivo cuerpo el nombramiento de cada empleado, y los respectivos presidentes ---Dios quiera--- evalúan esa recomendación y nombran. Nadie pretende, que si usted va a ser apoyado por personal en el tratamiento de temas muy delicados, quienes lo acompañan sean personas desconocidas. Pero otra vez, el número es importante, así como las cualificaciones y lo que se les paga.

Durante mi incumbencia como legislador, por supuesto que recluté personal que por definición operacional era de confianza. Aunque reduje significativamente la plantilla de empleados de confianza y por contrato, porque entendía y estoy convencido que el dinero público hay que gastarlo con prudencia y “macetería”, al punto que se redujo el personal en más de la mitad, y que logré “devolver” entre un 25% y un 30% del presupuesto asignado a la portavocía del PIP, hubo legisladores que habiéndose enterado me preguntaron si estaba loco y que incluso me sugirieron peticionar una transferencia a al presupuesto de sus oficinas.

En mi caso, proviniendo de una artesanal práctica de la abogacía desde una oficina modesta, sabía que tenía que hacerse más con menos costo. Con ello pude compensar un poco más a mis asesores, sin duda los de más alta cualificación en el Capitolio y los peores pagados en proporción a su esfuerzo, y aún así generar ahorros sustanciales.

Para mi orgullo las personas que colaboraban conmigo resultaron ser mejores asesores de lo que yo fui antes por 12 años, y dos de estas personas son hoy, 15 años después de haber dejado el cargo, portavoces del PIP en la Cámara y en el Senado. Cuando fueron reclutados, sabía que eran independentistas y que habían sido funcionarios de colegio, pero su reclutamiento estuvo fundamentado además, en su sólido expediente académico y profesional.

Nunca acompañé a la caseta de votación al personal de mi oficina, ni le pregunté tampoco su afiliación, pero intuí que comulgaban con mis creencias, a pesar de las saludables diferencias que sostenían conmigo en conversaciones donde aprendí mucho, pero no cedí quizás lo que debí en algunos puntos. Algunos otros fueron incluso candidatos a puestos electivos más tarde y cuatro fueron a la cárcel ---no por pillaje, sino por su solidaridad en la lucha contra la presencia y destrucción de la Marina en Vieques. Ningún funcionario del PIP ha sido convicto nunca por robarle al país.

En mis doce años como legislador del PIP, sólo escuché de la protesta de una persona, hoy senador, que envió a un amigo emisario a explorar si había empleo en la oficina, pues se había regado la voz de que era el único representante que devolvía presupuesto, y también, el único que acompañaba con la petición de designación a empleo en mi oficina, el resumé de los reclutados y la descripción de lo que serían sus tareas. Le dije al “emisario” que la oficina no era una agencia de empleo, que estaba reduciendo personal, y que nadie entraba al PIP para que le dieran un trabajo, por el contrario, solía perder el empleo si se enteraban que era independentista. Dice la casi leyenda que la persona enterada del esfuerzo infructuoso alegó que no la quería emplear y que por eso ingresó al PNP. (Hoy día ocupa y ha ocupado varios altos puestos la dirección de ese partido.)

Como supondrá el lector, sería muy difícil ejercer el cargo de legislador y en este caso, portavoz de un partido de oposición, recibir todo tipo de información “sensitiva”, investigar quejas de casos de corrupción, investigar las redes del inversionismo político y sus garras, recoger evidencia que llevó a muchos a perder altos puestos o incluso a la cárcel, y que el personal que atendiese estos asuntos junto conmigo, no fuese de confianza.

Los 93 de la Secretaría de Educación

Las únicas raíces que han echado y lastrado el sistema de educación pública, no son las del apellido de la Secretaria, que no es una desconocida en el Departamento de Educación, donde lleva más de dos décadas trabajando y conoce el monstruo y sus entrañas. La corrupción se ha enraizado allí por largo tiempo en lo que es la cuna de Víctor Fajardo y de Julia Keleher.

Estoy seguro y quisiera que todos los 93, pero mi ingenuidad no da para tanto, fuesen funcionarios con sólidos resumés, experiencia, preparación académica sobresaliente, destacados en cada una de sus profesiones, y que la razón de su reclutamiento o mantenimiento en el cargo de confianza, no fuese por su conexión con el apparatchik o maquinaria política del PNP. Lo mismo deseo que sea cierto para los 93 puestos de confianza que dicen había en la administración popular anterior.

Sin embargo, leo la lista parcial compilada por periodistas, e identifico de inmediato demasiados nombres, mejorados en sus sueldos, algunos que pasaron de alguna manera por la legislatura, en fin una prolongación de la “canoización” ---proviene del Cano de Cataño--- o de la “santamariazación” ---proviene de Oscar Santamaría, adivinen… que iniciaron temprano sus carreras como contratistas o empleados en la Cámara de Representantes o el Senado.

Lo primero que debería preguntarse un secretario de Educación ---y cualquiera del más del centenar de jefes de dependencias gubernamentales--- es si necesita tanto empleado de confianza, ayudantes, ayudantes del ayudante, y subayudantes de no sé quién. O, si es parte del requisito de que los nominen como secretario o jefe de agencia, no tocar a los de la permanencia en la Confianza, que por definición son de libre remoción en teoría.

Las veces que se legisló para aumentar el número de empleados de confianza en el gobierno me opuse. Intenté que se redujese el número máximo, particularmente en los municipios donde hay hoy día probablemente, más de 1,500.

Esta abusiva proliferación, peor que la de los mosquitos del dengue y la emergencia, tiene su más alta hipérbole, en otros que no son empleados de confianza, que asumen tareas delicadísimas de hacer política pública, siendo “simples” contratistas golosos. Son miles y miles, desde la encumbrada Fortaleza donde se les contrata con sueldos de más de 100 mil dólares anuales ---como asesores de Comunicación como fue el caso del hoy co-aspirante primarista a la gobernación del PPD--- hasta la propia Secretaría de Educación, cuando a Julia Keleher le multiplicaron el salario contratándola con fondos de una fundación privada. El escándalo, de hecho, iba a ser mayor antes de que la acusaran, porque proyectaban duplicarle el contrato.

La discusión saludable

Una conversación no tóxica sobre esta coladera y salidero de recursos públicos y sobre cómo se debe correr el gobierno, en lugar de como a una finca política partidista es más que necesaria.

Lo del suspendido alcalde de Ponce, que hasta el propio partido popular, con el freno puesto, ha tenido que ir al Tribunal para tratar de que no corra, es el mejor ejemplo de como la contratación festinada y sin controles, unida a la politización rampante se desvía fácilmente por el camino de la corrupción. Asimismo, los tres legisladores PNP convictos en casos por recibir retro pagos de empleados, durante su incumbencia, presos ahora o en camino, ejemplifican cómo estas prácticas que fueron toleradas o auspiciadas, bajo el manto de la incompetencia o de la vista larga, se multiplican.

El país tiene que conversar sobre lo malsano que es este tipo de modelaje. Difícil es creer que el que roba abajo, no robará a medida que asciende y tiene más autoridad para ejercer indiscretamente su discreción Es una chabacanería, aunque se excuse con voz pausada, esta tropelía diciendo “que el PPD también lo hacía o lo hace”.

Sospecho que fuera de intentar implicar al PIP en estos desbarajustes para crear confusión, y con ello, abonar al conveniente “todos son iguales”, este tema lo van a matar en los libretos mediáticos de “comentaristos” y “analistos” y “panelistos” ---todos listos--- pues ante un pueblo razonable y sensible, ambos “partidos del bipartidismo” PNP-PPD siguen hundiéndose.

Hay una receta sencilla: Menos empleados de confianza, lo mínimo indispensable; con resumés inexpugnables y salarios moderados; transparencia ---porque es una vergüenza que el Departamento de Educación haya querido esconder la lista--- y dilucidación y exposición del asunto en cada municipio, agencia y en cada cargo electo donde se propongan nombres y se nombren.

Ayudaría, ante todo el ropaje de politización, circunspección de los Jefes de Agencia, especialmente donde hay poblaciones vulnerables o sujetas a estricto control. Por ejemplo, no se ve bien que un Jefe de Agencia tenga a cargo la movilización política partidaria. Eso demanda Corrección inmediata.

Futuro

Mientras esta conversación se da, el partido ppd-pnp celebra una pírrica sentencia judicial ---la pérdida será mayor que cualquier ganancia inmediata--- por la descalificación de los candidatos de Victoria Ciudadana en un caso resuelto sin traer a los funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones que los desinformaron y donde el propio juez no le reconoce legitimación activa a los testaferros demandantes originales, y sí, a dos interventores que no podrán probar un daño por su tajante desconexión con los demandados y la especulativa pirueta para mantener el caso vivo.. Mientras la indignación genera más movilización, la gente está en la calle, en las plazas, en los trabajos y en todas partes informándose y comentándolo.

Ya el país sabe más del juego sucio del que son capaces quienes sienten la emigración ---pérdida de votos--- de sus antiguos electores. Sabe cómo se ha adulterado el proceso electoral para que no puedan siquiera entrar al parque los jugadores de otro partido político que pueden sacarlos de escena con los votos. Mala tecla, mala sentencia, validar un entrampamiento administrativo.

Demasiada confianza depositada sobre precarios custodios. El juego y proceso eleccionario se gana en las urnas, en el terreno, no en la Secretaría. Se gana a batazos, no a malletazos.

El término confianza entraña desde sus raíces latinas tanto ser confiable, como ser confiado. Es una relación de lealtad que se funda para la acción en conjunto. Quien da y tiene la confianza es el elector, y se la confiere al elegido, quien también nomina y confirma, o nombra, en esa agigantada jerarquía que forma la pirámide del gobierno.

El país sabe mucho más hoy lo que es confiar y depositará la confianza en quienes la afirman, pues el voto es ciertamente un asunto de confianza, de pura y real confianza.