Columna de Opinión de Ángel Figueroa Jaramillo

Cada día que pasa, la Junta de Control Fiscal adelanta un tramo en el control de todo lo que en nuestra Isla pueda impactar el pago, negociado con los bonistas y así garantizarle a éstos su gran tajada de dinero. En esa ofensiva, que agrede a la clase trabajadora exclusivamente, la señora Natalie Jaresko cumple el papel de ejecutora pública del meticuloso plan trazado por el pleno del organismo federal.

Hace unas semanas Jaresko se desgañitaba ordenándole al Gobernador y a la Legislatura que no aprobaran la Ley de Retiro Digno, a pesar de que dicha legislación lo único que hace es establecer la política pública para garantizar el retiro de todos los empleados públicos, presentes y futuros, y a la misma vez obligar a la definición de unos servicios esenciales vitales para garantizar un mínimo de calidad de vida para nuestro pueblo.

Desde hace varias semanas, Jaresko viene pulseando con los transportistas del país para invalidar las tarifas ya consideradas, que ajustan los costos a la realidad presente de este importante sector de nuestra economía. Es un asunto que atañe fundamentalmente a la empresa privada pero, reguindándose de un reglamento gubernamental, la ejecutora pública de la Junta quiere que los camioneros sigan perdiendo dinero mientras desarrollan su trabajo.

Natalie Jaresko no sabe qué más señales enviar para que el salario mínimo no sea considerado por la legislatura local y hace votos porque si se aprueba a nivel federal, no se aplique a Puerto Rico. Cuando en todos los países donde el modo de producción capitalista es la norma se ha reconocido la necesidad de incrementar los ingresos de la clase trabajadora, esta señora pretende que los trabajadores puertorriqueños continúen sobreviviendo con un ingreso que ya no cubre sus necesidades más elementales.

Cuatro proyectos del Senado que buscan hacerle justicia a los bomberos, los auditores del Departamento de Hacienda, los técnicos de Manejo de Emergencias y los técnicos de Emergencias Médicas están en el aire porque Jaresko ha señalado que violan el Plan Fiscal y el presupuesto que impuso la Junta al país. No importa si los trabajadores realizan su labor en la empresa privada o en el servicio público, para Jaresko no es negociable que reciban aumento de sus salarios o ingresos.

Y no podemos olvidar el experimento mas destructivo que la Junta de Control Fiscal, unido al Gobernador Pedro Pierluisi, están ejecutando, que es el desastroso contrato de Luma. Miles y miles sin servicios diariamente sin dejar a un lado los costos por equipos y enseres eléctricos dañados desde que Luma asumió el control del sistema eléctrico.

Ante esta onerosa presencia en el terreno laboral, público y privado, ahora los sindicatos que representan trabajadores en el sector público, corporaciones, agencias y municipios, tendremos que examinar y producir estrategias en la negociación que ha quedado abierta desde comienzos del mes de junio. El llamado Plan de Ajuste, que solo aprieta la cintura del pueblo trabajador y a sus sectores más vulnerables, no provee para ajustar los salarios y mejorar las condiciones de vida de los empleados públicos. El reto está establecido y, definitivamente, tendremos que enfrentarlo.

Natalie Jaresko, que tiene un sombrero de trucos más grande que el de Mandrake El Mago para sacar alternativas truculentas, ha comenzado a hablar de una llamada Reforma del Servicio Público que, supuestamente, trabaja en conjunto con el gobierno de Pedro R. Pierluisi Urrutia. Levantamos inmediatamente la bandera de alerta porque ya los trabajadores tenemos sobrada experiencia sobre el contenido de las propuestas que emanan de la Junta y Jaresko, cuando de los trabajadores se trata. Además, su socio en el asunto, el abogado de la Junta, tampoco es de fiar.

La intromisión en los asuntos que competen a trabajadores y patronos, en el sector público y en el sector privado, es el campo que viene ocupando Jaresko. De continuar en su avance, sin unos funcionarios electos que tengan la valentía moral de ponerle freno, no tenemos la menor duda que llegará el día en que tengamos que pedirle permiso para que nuestros hijos puedan celebrar en sus juegos infantiles los bautizos de sus muñecas.

Aunque lo mas relevante sobre esta imposición es lo que tenemos que hacer todos y todas. Y es salir a ejercer el derecho mas sagrado de una democracia, la protesta, la denuncia y las manifestaciones. Solo así podremos como pueblo detener a la Junta de Control Fiscal y a aquellos que siguen siendo sus abogados.