Columna de opinión de Ángel R. Figueroa Jaramillo

Todo el negocio alrededor de LUMA constituye un ensayo para medir el nivel de tolerancia de nuestra sociedad al modelo del capitalismo salvaje que pretende imponer el gobierno de la Junta de Control Fiscal, con la complicidad de la actual administración gubernamental, en nuestro país. Si permitimos pasiva y sumisamente que este modelo de robo de la principal industria del país se consuma, habremos sentado las bases para el total despojo de nuestros bienes patrimoniales y estaremos condenándonos a la miseria general que conlleva el predominio del modelo neoliberal.

En su expresión más simple, este atraco, amparado en un marco especialmente diseñado para el despojo legal de los bienes pertenecientes al pueblo, puede resumirse de la forma siguiente. Planificado en conjunto con los gestores del engaño, se organiza una compañía mediante la integración de otras tres. Todo se prepara para que este nuevo consorcio no tenga que hacer ninguna inversión de capital, a la vez que se le garantiza que tendrá todo el dinero necesario para aprender y montar el negocio que se le pondrá en las manos. De igual manera, se le dará el capital para que lleve a cabo su trabajo de administración, gestión por la que también se le pagará. El aumento de las tarifas a consecuencia del contrato con Luma Energy por el servicio de electricidad que la compañía venda al pueblo para garantizar su pago sin importar el país.

Tenemos que mencionar las ganancias que obtendrán las compañías matrices de Luma mediante la otorgación de contratos de los más de 14 mil millones de dólares de los fondos federales. Recordemos que el contrato en su sección 1.1 de definiciones le permite a Luma Energy contratar a sus matrices. Se tomará un préstamo de $894 millones al gobierno central para disfrazar y financiar el aumento de los primeros tres años.

Pero no fue suficiente la entrega del Gobierno a los intereses de Luma Energy y la Junta de Control Fiscal. El contrato establece en la sección 14.5 inciso f; que cualquier cambio a en ley reguladora Luma podrá prescindir del contrato con solo una notificación de 120 días. En la practica al quedarnos sin una estructura operacional y administrativa porque todos los empleados serán empleados de Luma Energy, tendría secuestrada la democracia y los poderes constitucionales de la legislatura y el ejecutivo porque si se aprueba alguna ley que Luma vea afectado sus intereses se puede ir, dejando al país sin compañía eléctrica. Pero, a eso se le añade que Luma tome sus maletas y nos deje en la prángana. En la sección 1.1 de definiciones inciso (iv) si la Comisión de Energía limita o tiene el efecto de limitar las tarifas a ser cobrada podrá prescindir del contrato. En palabras más sencilla si no me das lo que quiero arranco y me voy.

Si le parece que lo anterior es un absurdo, examine los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno de Puerto Rico con LUMA Energy y comprenderá por qué hemos llamado a este acuerdo el robo del siglo y al documento legal en que se sostiene como un contrato leonino. Sin embargo, el bizcocho que se ha puesto en manos de LUMA Energy tiene otros ingredientes. La compañía favorecida no tiene ninguna responsabilidad con los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que le han servido a nuestro pueblo por más de 80 años. No los reconoce como patrono sucesor, ni honra su Convenio Colectivo, ni garantiza la continuidad de su sistema de Retiro, ni siquiera garantiza uno solo de los derechos adquiridos en clara violación a las leyes aprobadas. Todo con la respaldo del Gobierno de Puerto Rico.

Si usted piensa que esta irresponsabilidad social del Gobierno es de aplicación solamente a los trabajadores de la AEE, se equivoca. En el acuerdo que no leyó el Director Ejecutivo y que tomó 43 minutos a la Junta de Gobierno de la AEE firmar sin mayor trámite, usted tampoco tiene seguridad alguna de que en caso de una catástrofe LUMA Energy va a echar el resto para garantizar que en un tiempo razonable usted tenga nuevamente luz en su casa. El contrato, como está redactado, le permite a esta compañía coger sus maletas y marcharse, sin mayor penalidad, y a usted que se las arregle como pueda.

Esto trascendió en las vistas públicas que celebra la Cámara de Representantes sobre la investigación del contrato de Luma que dicha compañía puede recoger bártulos y dejar al país sin sistema eléctrico si un huracán azota esta isla caribeña, si hay un terremoto, si cae un rayo, si se declara una pandemia, si se hace una ley que no le gusta o favorece a Luma y peor aún, si cualquier agencia federal o estatal declara a Puerto Rico zona de desastre, área de desastre, o estado de emergencia. Bien es sabido que en ocasiones pasadas tras fuertes lluvias, inundaciones o tormentas tropicales la isla a caído bajo este renglón, acción que le permitiría a Luma, según el contrato, coger sus maletas, arrancar y dejarnos sin sistema eléctrico.

¿Quiénes son los responsables de este acuerdo tan costoso para el pueblo puertorriqueño? Además de la Junta de Control Fiscal, los legisladores que aprobaron las leyes que crearon este modelo de Alianza Público Privada, el Gobernador quien con pleno conocimiento de lo nefasto que es se ha zapateado nombrando un Comité que tiene las manos atadas, los funcionarios que irresponsablemente firmaron el acuerdo sin examinar con detenimiento los alcances del mismo y el daño al que exponen a todo el país y cada uno de nosotros será responsable también si permitimos, con nuestra pasividad y tolerancia, que el mismo se ponga en vigor.

Es importante destacar que múltiples organizaciones de profesionales como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico al igual que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico han señalado contundentemente lo nefasto, riesgoso e ilegal o nulo que este contrato además de los aumentos a los costos energéticos del país. De igual forma organizaciones como el Institute for Energy Economics and Financial Analisys (IEEFA) y el Centro para la Nueva Economía (CNE) han concluidos como catastrófico para Puerto Rico dicho contrato en especial sobre el impacto económico en nuestro desarrollo social y económico. El representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, el Ing. Thomas Torres Placa quien le voto en contra al contrato ha sido muy activo indicado con claridad y precisión lo malo del contrato. Los únicos que han defendido el contrato pero sin estudios que sostengas sus alegaciones o premisas ha sido el Gobierno.

El modelo neoliberal, hecho a la medida de los grandes intereses económicos, descansa en que no ejerzamos nuestro juicio crítico, que nos demos por satisfechos con la información superficial que se difunde por el gobierno, que aceptemos la especulación financiera, que no veamos nada malo en el desmantelamiento del servicio público, que no sintamos como nuestros los bienes que pertenecen a la totalidad del país, que aceptemos la corrupción y la ambición desmesurada por la ganancia individual de una empresa como la cosa más natural y se espera que pensemos en que, como individualmente no podemos hacer mucho, no vale la pena unirnos para detener este robo y atropello contra todo nuestro pueblo.

Para los que así piensan, es hora de darle una lección a los que creen que pretenden continuar robándose el país impunemente. Es el momento para decirles que se han equivocado con el pueblo puertorriqueño. Bastante hemos sufrido con las políticas de privatización a las que ya nos han sometido. Es mucho el sufrimiento con las políticas de austeridad que nos ha impuesto la Junta de Control Fiscal y los gobiernos de ayer y hoy. Es hora de decirles que vamos a luchar para mantener, en manos del pueblo la Autoridad de Energía Eléctrica, TRANSFORMADA, no desmantelada. Este es el momento para demostrar que, unidos, los trabajadores y el país evitaremos que se nos imponga la infamia del leonino contrato con LUMA Energy.