El licenciado Víctor García San Inocencio cuestiona, desde el lente de la política colonial, los intentos de pasar como legales los deslices del gobierno.

Siempre me ha intrigado la fascinación casi hipnótica que en Puerto Rico muestran ciertos entes o entelequias que buscan ganar aceptación o tracción en la sociedad por todo lo que brinde, aunque sea, un bañito de legitimidad o un hálito de legalidad.

Sucede esto en Puerto Rico, que tiene el más ilegítimo de los regímenes de los que pueda hablarse, pues es una colonia sometida capa tras capa a un gobierno extranjero. La lejana semblanza de gobierno ejercido por los puertorriqueños –si es que ocurrió en algún momento– es cada vez más ilusoria. Somos una jaula que pertenece a, sin ser parte de los EEUU. Es decir, una colonia que pudiera cambiar de manos y de amo por voluntad de aquel país, aunque 122 años de invasión y opresión hayan creado vínculos principalmente demográficos y jurídicos, aquí y allá.

Esta profunda ilegitimidad del régimen político colonial contrasta fulminantemente con la búsqueda de la micro-legitimidad a la cual me refería. Porque sabido es que muchas capas de informalidad, tantas como de opresión, crecen casi silvestremente desde hace siglos y tienen un denso follaje en la boscosidad colonial. Desde el régimen corsario hacia el exterior, hasta la cimarronería al interior de antaño; desde la economía subterránea hasta la visiblemente encumbrada corporativa; desde la lavadora repatriadora de ganancias extranjeras, hasta los sectores narcoeconómicos de hoy, todo exuda ilegitimidad a vuelta redonda, y al mismo tiempo, una pugna surrealista en pos de la microlegalidad.

Así, los proyectos de desarrollo imaginados por la frente estrecha de nuestros gobernantes nos dirigen hacia la “relaundrización” del país, hacia las tasas contributivas a quemazón –que cubren ahora hasta a ciertos segmentos profesionales de la salud– y que se pretende por algunos, que se extienda a granel al sector farmacéutico, entre otros. Nos lleva también por el columpio de la medicalización, al cultivo y exportación de lo medicalizado, y a la próxima gran frontera en ese renglón: la “recreo-nización” de las drogas. Todo ello es el diseño atrofiado de un mercado local amarrado hasta la coronilla por cadenas, encerrado en la ergástula, y aplastado por la economía global neoliberal.

La gran contradicción que es este amasijo de irracionalidad y antigobernanza –que lleva la semilla de su propia disolución– se construye en medio de una adicción casi patológica al formalismo y al formulismo de la microlegalidad. Nada o muy poco tiene que ver con la Justicia, ni con la Equidad, menos aún con la transparencia.

Por eso se producen mamarrachos como los de “La misma”, las crisis del Departamento del Trabajo, los informes absolutorios sobre provisiones y vagones desaparecidos, los almacenes donde expiran los artículos, o se reparten politiqueramente alimentos por candidatos del partido de gobierno. Suceden también, las ya antológicas compras y cancelaciones de pruebas del Covid-19 hasta su devaluación; o lo que es peor, hasta el desahucio de la epidemiología, el de la antigua epidemióloga del estado, y la evaporación “porque ya no es necesario” del nuevo que asumió el cargo brevemente hasta que expidieron su certificado de desaparición.

Entre la insaciable búsqueda del bañito de legalidad están los nuevos casos de absolución política. Una especie de certificación de indulto que se inaugura como moda en organismos directivos de algún moviente partido, pero que ojalá no contagie a otros. ¿Se imaginan al Directorio del PNP o a la Junta del PPD dispensando indultos a granel a sus listas de políticos y funcionarios convictos, o partícipes activos o pasivos de actos u omisiones encauzadas civilmente y que resultan en determinación de responsabilidad? Sería un claro retroceso al verano del 2019 y a las peticiones de perdón en templo como las del exgobernador Ricardo Rosselló. Sólo que el templo estaría sustituído por un galimatías proveniente de solemnes declaraciones de estructuras partidistas imaginarias no religiosas.

Estos papelones surgen sin duda, por la adicción al bañito de legitimación. Como si en Puerto Rico quedasen todavía bobos. Vaya forma de atender y convocar a una reflexión seria sobre lo que debe suceder luego de una ofensa de alegado racismo, y de la consecuente impugnación de un líder, o aspirante a un cargo político.

Cierto es que en la política puertorriqueña muchas impugnaciones no surgen ni de la limpieza de corazón, ni de un deseo por ser constructivos. Pero las organizaciones deben cuidarse de las defensas que hacen, de los procedimientos con apariencia proforma que siguen, o de los juicios y ejecuciones sumarias en los que se embarcan, pues el disparate de uno o de una “líder”, puede manchar a un equipo, o a todos en la organización o movimiento.

Luego se comparan unos procedimientos sumarios seguidos con severidad contra alguno, con los absolutorios y el resultado es feísimo.

Un lavadito de cara que puede ser tan o más feo que la injuria original.