El líder sindical Ángel Figueroa Jaramillo critica a la clase empresarial y sus posturas durante la pandemia del coronavirus.

Los trabajadores hemos tenido que echar mano de nuestras licencias, de los menguados ahorros, de las ayudas familiares, de las tardías asistencias gubernamentales, en fin, de todos los recursos a nuestro alcance y hasta pasar hambre para poder cumplir con el confinamiento decretado y el necesario distanciamiento social, en aras de preservar nuestra vida y capacidad de trabajo.

Son muchas las historias de privaciones y sufrimientos que hemos escuchado a lo largo de estos largos días de encierro que hemos vivido. La señora que fue al garaje de gasolina a buscar leche para sus hijos porque consiguió tarde los tres dólares del medio galón y no se la pudieron vender porque estaba prohibido.

El señor mayor que cada dos días acude a comprar un servicio de comida en la cafetería del supermercado, alimentos que deben rendirle 48 horas, porque esa es la única manera en que la mísera pensión del Seguro Social le permite llegar a fin de mes.

Aún con todas estas miserias y privaciones nuestro pueblo, en su gran mayoría, ha cumplido cabalmente las juiciosas normas establecidas por los expertos de salud pública para contener el contagio con el Covid 19.

Tengo la certeza de que en las residencias de los empresarios la vida no discurre de esa manera. Cuando se tiene todo lo necesario y sobra, el confinamiento no es otra cosa que unas largas vacaciones con gastos pagos: y con la sola preocupación de cuándo vamos a reactivar la economía para continuar elaborando riquezas mientras los trabajadores tienen que sobrevivir con el mínimo federal.

Fuera de nuestros hogares, en la esfera gubernamental, la juntilla de los emprendedores privados y los funcionarios corruptos le daban continuidad a su faena de convertir cada crisis en una oportunidad para aumentar sus cuentas bancarias a costa de la salud de nuestro pueblo y los fondos públicos.

No ha sido únicamente en la compra de las llamadas pruebas rápidas donde han metido las manos estas pirañas del desastre.

Si alguna vez se hace una auditoria forense de las compras y gastos asociados a la pandemia del coronavirus, encontraremos que han metido las manos en muchas más actividades de las que se prestan para el ataque politiquero.

En la AEE no es la excepción. El empeño de José Ortiz juntos a sus amigos empresarios de alquilar generadores portátiles a un costo de 70 millones mensuales. Si analizamos que la reparación de la Unidad 5 de la Central Costa Sur cuesta solamente 25 millones podemos saber por qué la falta de interés.

Esta limitada actividad empresarial, asentada en la corrupción gubernamental, no se reparte el bacalao de manera generalizada. Por lo tanto, apremiados por la reducción de sus ahorros y estimulados por una Junta de Control Fiscal, deseosa de llenar el vacío de ganancias que el desplome de la economía mundial le ha causado a su clientela de bonistas, se plantea la “la gradual apertura de la actividad económica del país”.

Cubriéndose con el manto del cuidado de preservar la salud del pueblo, con la misma intensidad que se lanzan a la explotación de sus negocios e industrias, claman como hienas hambrientas que se les permita salvar también la economía del país.

Estos redentores, que suelen esconder su avaricia y mezquindad detrás de frases altruistas como el llamado “bien común” han dejado muy clara la naturaleza de su altruismo.

Basta con señalar ese “gran compromiso con la salud del pueblo” evidenciado por los comerciantes dueños de los hospitales del país. Cuando la merma de su clientela tocó fondo, no vacilaron en despedir miles de trabajadores de la salud. ¿Quién le puede creer a este sector de nuestra sociedad que están verdaderamente preocupados por conservar la salud de sus empleados? Fueron los mismos empresarios que promulgaron y cabildearon con la excusa de la crisis económica del país la mal llamada “reforma laboral”. La misma que permite los despidos sin tener que justificar la acción por parte de los empresarios y le permiten acumular solamente 5 días de licencias de vacaciones.

Estamos plenamente convencidos de que un nivel de conciencia superior se ha desarrollado en el pueblo puertorriqueño. Hoy muy pocos nos tragamos el cuento de “la comunidad de intereses” entre el sector empresarial y el pueblo.

No tenemos la menor duda de que una nueva relación social habrá de desarrollarse entre el pueblo trabajador y el sector empresarial, junto a la clase política que la representa. En esa nueva relación tendrá que prevalecer una mayor justicia en la distribución de la riqueza que solo los trabajadores producimos.

De igual manera, los políticos serviles a esa clase empresarial desaparecerán del escenario público. Sus torcidas actuaciones le habrán restado el respaldo público que han tenido hasta el presente. Un futuro más prometedor aguarda a nuestro país.