El expresidente de la Cámara, Jaime Perelló advierte que se debe elaborar un nuevo Plan Fiscal que le retorne el dinero que se le quitó a las municipios.

Sabemos que nuestra constitución no reconoce a los municipios como una rama de gobierno, deja su existencia a la voluntad de los legisladores y la aceptación del Gobernador.

La situación económica de la Isla y su impacto en los servicios básicos junto a la pobreza extrema de los puertorriqueños llevó a nuestros constitucionalistas a formar un estado centralista.

El sistema republicano adoptado de los Estados Unidos divide el poder en tres ramas de gobierno. El Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cada una de estas tiene su función para mantener un balance en el momento de establecer, ejecutar e interpretar las acciones que impactan la vida del ciudadano.

Si una de las ramas falla a su función constitucional las otras dos deben intervenir para lograr estabilizar el sistema de gobierno para que se cumpla con los derechos del ciudadano.

La Rama Ejecutiva es la que más se ha deteriorado en sus funciones de garantizarle a la ciudadanía la prestación de los servicios básicos. La otras Ramas tienen sus problemas y hay material de más para estudiarlas de igual forma. Pero la Ejecutiva es la que más impacta el día a día de los puertorriqueños y sus funciones se han convertido cada vez más ineficientes y costosas.

Los servicios que el Estado ha fracasado en dar han sido adoptados de manera sistemática durante los años por los alcaldes. Los factores son variados, pero el principal ha sido el reclamo de los ciudadanos a los servicios básicos que han dejado de recibir del gobierno central. La idiosincrasia municipal está diseñada para brindar servicios, es su naturaleza, cosa que el Estado simplemente fracaso por su excesiva burocracia.

La Ley de Municipios Autónomos (Ley 81 del 1991) fue el paso de más avanzada a principios de los años noventa reconociendo desde aquella época que el centralismo del Estado estaba fracasando. Pero el avance alcanzado con La Ley 81 se fue menoscabando con el tiempo y el gobierno central en contubernio con la legislatura fue enmendado esta ley quitándole luchas ganadas y cada vez eliminando más poderes otorgados. Esto ocurría con cambios a la letra de la Ley o quitándole recursos económicos a los municipios para desviarlos al presupuesto hambriento del Estado.

El caso más reciente y el de mayor impacto fue la eliminación del Fondo de Equiparación Municipal nutrido por la aportación de Rentas Netas del fondo General del Estado Libre Asociado (ELA).

Un recorte a los presupuestos municipales de más de $360 millones de dólares. Una acción desacertada del gobierno central, le quita los recursos a los que están haciendo el trabajo que se supone hagan ellos por mandato constitucional.

Es importante aclarar que ese dinero NO ES UN SUBSIDIO, es un fondo que se ha ido nutriendo durante los años tratando de remediar las innumerables ocasiones que la Legislatura y el Ejecutivo han aprobado medidas quitándole herramientas de recaudos a los ayuntamientos municipales. Pero durante los años, este fondo también estaba ayudando a poder sostener en parte el impacto económico del creciente número de servicios que los municipios están prestando que son responsabilidad primaria del estado.

Los municipios se han convertido en un balón que va de lado a lado dentro de las peleas entre La Fortaleza y la Junta de Supervisión Fiscal (Junta) creada al amparo de la Ley Promesa.

Hay que recordar que el primer y único Plan Fiscal que la Junta le aprobó a La Fortaleza estaba la eliminación del Fondo de Equiparación. Tengo muchos reparos con ciertas actuaciones de la Junta que están muy por encima de sus poderes otorgados en la Ley Promesa y eso es materia de otro escrito, pero en este caso tenían las de ganar en el tribunal.

La función real de la Junta es velar por tener un plan fiscal ejecutable, sin entrar en políticas públicas, y que ese plan se cumpla para que los números al final cuadren.

Cuando La Fortaleza decide cuadrar su Plan Fiscal con los municipios, no podían aprobar otras legislaciones fuera de este para otorgarles ese mismo dinero o parte de el por la cocina. “De buenas intenciones está lleno el infierno”, decía un viejito en la plaza pública de Carolina.

La aprobación de las medidas legislativas de eliminarle a los municipios el pago de pensiones o “Pay to Go”, que esa misma Legislatura había aprobado en julio de 2017 y la eliminación de la aportación a la Reforma de Salud eran justas. Pero la manera de aprobarlas en contra versión al propio Plan Fiscal del Ejecutivo las llevaba a ser impugnadas por la Junta lo que finalmente ocurrió y la jueza Laura Taylor Swain adjudico a favor de ellos.

Los municipios y sus residentes han sido las victimas en este fuego cruzado entre el gobierno y la Junta por marcar territorio. Pero adjudicado este asunto por los tribunales no significa que la Junta y el gobierno se queden de brazos cruzados.

Lo que tiene que ocurrir ahora es que se vuelva a la mesa de trabajo para buscar enmendar o hacer un nuevo Plan Fiscal que le retorne al menos el dinero que les quitaron del Fondo de Equiparación.

La Junta tiene jurisdicción sobre los municipios y por ende sabemos que pondrán sus condiciones, pero deben estar enmarcadas en el reconocimiento de que son los gobiernos municipales los verdaderos proveedores de servicios directos a los ciudadanos. Además de proteger el empleo de miles de padres y madres de familia.

Ejemplo de los servicios que usted y yo recibimos de los municipios son: salud pública, los programas deportivos, los programas de artes en todas sus disciplinas con escuelas especializadas en bellas artes y deportes. Los programas sociales para atención a nuestros viejos, los servicios de educación y cuido de infantes y niños. Programas de prevención y atención al maltrato de menores y mujeres. El mantenimiento de las áreas verdes, pavimentación de las carreteras, estatales y municipales. El recogido de basura, animales realengos, planes de seguridad y de emergencias, planificación y desarrollo económico entre muchos otros.

En la historia reciente, qué hubiese sido de los miles de damnificados de los huracanes Irma y María sin la rápida acción de todos los gobiernos municipales. Luego los temblores donde nuevamente los alcaldes sin recurso y aun esperando millones de dólares que no llegaban de FEMA y las aseguradoras volvieron a sacar la cara.

En estos momentos durante la emergencia del COVID-19 nuevamente los municipios han dado los pasos sin esperar por el gobierno y fueron los primeros en conseguir las pruebas para detectar el virus y de manera muy organizada ponerla a disposición de sus ciudadanos.

Cada día vemos a las brigadas municipales desinfectando las áreas más visitadas en sus pueblos junto a la repartición de artículos de protección contra el virus. La distribución de miles de compras y comida caliente para los miles de personas desempleadas por la emergencia entre muchos otros servicios.

El gobierno central tiene su función de crear las políticas públicas, implementar las leyes aprobadas y mantener el orden social y económico del País. Pero tienen que reconocer que los municipios son el brazo que necesitan para que los servicios lleguen de forma directa y efectiva y ha sido demostrado que hacen mucho más con menos. Ahora más que nunca llegó el momento de fortalecerlos e integrarlos de manera estructurada a la gobernabilidad del País.

El autor fue ayudante especial del alcalde de Carolina José E. Aponte De La Torres, asesor de Asuntos Municipales del Gobernador Anibal Acevedo Vilá, Representante a la Cámara por Acumulación y presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.