Nuestra Carta Magna eleva a rango constitucional la educación pública del país. La Carta de Derechos de nuestra constitución, en su Artículo II, establece claramente que ‘toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario.’ Esto, en palabras sencillas, significa que la educación en Puerto Rico es un derecho fundamental y equitativo para todos.

Los padres y madres de nuestros estudiantes del sistema público de enseñanza deben conocer que la constitución les da ese poder. De igual manera, nuestros estudiantes tienen que hacer valer ese derecho inalienable a la educación que poseen. Para esto, hay que brindarles las herramientas correctas en la misma escuela a la que asisten. Resulta ser una hipocresía gubernamental instruir nuestros estudiantes sobre el valor de nuestra constitución para luego negarle el derecho y los recursos de recibir una educación digna en virtud de la propia constitución.

Lamentablemente, en los pasados días hemos visto como esta administración, al igual que otras administraciones en el pasado, han convertido el Departamento de Educación en un negocio. La reciente aprobación de los programas de Escuelas Alianza y de Vales Educativos son programas educativos que tienen la consecuencia de desviar los fondos necesarios de educación pública a entidades privadas sin tener evidencia tangible de su eficiencia en nuestros niños. Mientras tanto, nuestros estudiantes continúan careciendo de transportación, maestros, materiales y en el caso de nuestros estudiantes de educación especial, de las evaluaciones y terapias que tanto necesitan para su pleno desarrollo.

Por esto entendí necesario comunicarle -por escrito- a la gobernadora Wanda Vázquez que su deber de detener la implementación del Programa de Escuelas Alianza (Charter) y del Programa de Vales Educativos en el Departamento de Educación para asegurar de que dicha inversión presupuestaria sea reasignada principalmente a las escuelas públicas y al Programa de Educación Especial.

El año escolar 2019-2020 ha comenzado con un déficit millonario y se necesitarán alrededor de 120 millones de dólares para no poner en riesgo las terapias, evaluaciones y los servicios educativos que necesitan los estudiantes de educación especial. El dinero que se ahorre al no implementar las Escuelas Charter y el Programa de Vales Educativos muy bien pudiera suplir los costos de dichos servicios educativos. Es inaceptable para mí que el gobierno no cuente con los recursos para atender esta población escolar y denota un serio problema de administración, falta de prioridades, mezquindad y corrupción gubernamental. Poniéndome en la posición de los padres, me resultaría injusto que luego de cerrar 300 escuelas -lo que significaría un ahorro sustancial, según el propio Departamento de Educación- las terapias, evaluaciones y servicios a nuestros niños de educación especial continúan en peligro.

De no contrarrestar este déficit, los servicios que se le ofrecen a los estudiantes de educación especial serán sustancialmente limitados o nulos. Es momento de tener la capacidad administrativa necesaria -en las decisiones presupuestarias del Departamento de Educación- para asignar los recursos y garantizar los servicios a los niños de educación especial. Si queremos un país donde todo el mundo se desarrolle plenamente de acuerdo con sus capacidades, no podemos ver la educación como un negocio.

*El autor es alcalde de Isabela y precandidato gubernatorial del Partido Popular Democrático.