En el proceso de transición que surge tras el anuncio de renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, quién garantiza que no se estén llevando a cabo transacciones, se estén dando permisos, contratos y decisiones de manera indiscriminada en un último intento de beneficiar allegados o repagar favores políticos? De igual forma, cómo sabemos que no se están acomodando allegados en puestos de carrera o de confianza en agencias y corporaciones sin que medie un proceso competitivo de mérito? Quién está velando, por ejemplo, por las acciones que se puedan estar efectuando en la Autoridad de Energía Eléctrica, en el Departamento de Educación o en el Departamento de Hacienda?

Estamos ante un gobernador que ya no cuenta con la confianza del pueblo y a quien le restan cinco días en su cargo. En cinco días son muchas las movidas de esta índole que se pueden concretar. Y resulta más preocupante cuando estamos ante un gobernador que ya no atiende a los medios de comunicación y que ha decidido encerrarse en su ‘bunker’. Hay que preguntarse, en qué está empleando su tiempo?

El proceso transición que hoy nos ocupa queda fuera del ámbito que atiende la Ley 201 del 5 de agosto de 2004, ley que regula el proceso de transición luego de una elección. Por ende, no hay reglas establecidas de cómo se debe proceder en este tipo de transición ni cuáles son las garantías mínimas que se deben asegurar. Es necesario establecer dichos criterios, reglas y garantías pues muchas de las preocupaciones por las cuales se determinó reglamentar la transición post-eleccionaria son preocupaciones que están latentes también en la transición luego de la renuncia.

‘[D]ebería detenerse el proceso de firma de leyes, pues el pueblo ya no confía en el criterio del mandatario’.

Sería imprescindible que, en una situación como esta y durante el periodo de transición, se haga pública la agenda del gobernador, se hagan públicas todas sus comunicaciones, se tenga un registro de llamadas y de reuniones y que se levanten minutas de todas las reuniones internas y externas. De igual forma debería detenerse el proceso de firma de leyes, pues el pueblo ya no confía en el criterio del mandatario.

Por otra parte, debe haber una moratoria en las transacciones de personal y en el otorgamiento de contratos en la Rama Ejecutiva y corporaciones públicas. Debería designarse un ente externo, independiente y ágil, compuesto por tres o cinco personas, que pueda velar por el cumplimiento de estas disposiciones, que asegure la divulgación de la información para garantizar la transparencia, que vele por que no se destruyan documentos y que pueda atender asuntos críticos que surjan en el periodo.

Como mínimo, ante la ausencia de legislación que reglamente este escenario, la Asamblea Legislativa podría auto-convocarse para presentar una Resolución Concurrente que exprese su parecer sobre las garantías que deben salvaguardarse en la transición incluyendo exhortar al Contralor de Puerto Rico a que tome acción.

Resulta insólito que aún tras el reclamo ciudadano y toda la demostración de fuerza de pueblo que se ha evidenciado, el partido en poder no haya entendido que el país no va a continuar aceptando que decisiones trascendentales se tomen tras bastidores, en cuartos oscuros. Es increíble ver cómo se barajan candidatos para sustituir al gobernador y se definen próximos pasos de espaldas a un pueblo que no sale de la indignación.

*La autora fue Secretaria de la Gobernación en la Administración García Padilla.