Una columna por el cofundador del CPI

La lucha por el acceso a la información en Puerto Rico despide el 2018 con importantes victorias judiciales pero recibimos el 2019 con la alerta de que la ejecución de los asuntos públicos que nos afectan hoy y que nos afectarán por decadas está ocurriendo bajo un manto de oscuridad peor al que teníamos antes del paso del huracán María.

La intención de ser transparente sobre los asuntos públicos fue una de las cosas que el huracán se llevó y no se ha recuperado. Por eso, anticipamos la necesidad de que, como sucedió en 2018, cada vez más individuos y organizaciones tendrán que recurrir a ejercer en los tribunales su derecho constitucional al acceso a la información.

Una muestra de que el gobierno cuenta con la opacidad en los asuntos públicos ahora que se están tomando decisiones sobre los cientos de millones de dólares en fondos de recuperación, los planes de ajuste de deuda y la privatización de activos como el sistema electrico, está en los dos proyectos legislativos más adelantados en el tema de transparencia: el P del S 236 (sobre datos abiertos) y el P de la C 1095 (sobre transparencia).

En ambos casos, la Red de Transparencia, un grupo de trabajo que integran, entre otros, el Centro de Periodismo Investigativo, Espacios Abiertos, Sin Comillas y GFR Media, presentó enmiendas para que las medidas no fueran un retroceso o hasta una violación al derecho constitucional de acceso vigente. Sin embargo, despues de que esas sugerencias fueran acogidas y presentadas por el presidente cameral Carlos «Johnny» Mendez, bastó una llamada de La Fortaleza para destripar las enmiendas y devolver las medidas a su peligroso estado original. En el lado del Senado, fue el senador Miguel Romero el que se replegó a los deseos de La Fortaleza de usar las medidas para traer más trabas al derecho de acceso, en vez de ampliarlo.

Ante ese terreno legislativo árido y lleno de mala hierba, quedó la vía judicial, la cual fue prolífica en 2018, con al menos ocho casos de alto perfil presentados para hacer valer el derecho constitucional de acceso a la información por parte del CPI, Espacios Abiertos, el diario Metro y la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Credito Público. Metro lo hizo sobre las minutas de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Electrica, el CPI reclamando la información de las muertes tras el huracán María y los planes de emergencia de la Administración Rosselló, Espacios Abiertos requirió la información que sustenta el Plan Fiscal, la traducción del Plan de Recuperación y las concesiones tributarias mientras que la Comisión exigió datos de emisiones de bonos de COFINA y del Sistema de Retiro. En siete de los ocho casos hubo victoria para el derecho a saber, aunque algunas de las sentencias están en espera de cumplimiento completo por parte del gobierno o en espera de revisiones judiciales superiores.

No podemos repasar el 2018 sin resaltar la importante victoria que se obtuvo a nivel federal en la sala del juez Jay A. García Gregory en el caso del CPI contra la Junta de Control Fiscal en el que se validó un punto crucial: ese ente tiene que cumplir con el derecho constitucional de acceso a la información que tienen los ciudadanos de Puerto Rico.

Como dato curioso, la tendencia de aumentar los casos judiciales que reclaman acceso a la información tambien se registra en Estados Unidos, donde, desde el comienzo de la Administración Trump, se ha duplicado la radicación de casos bajo el Freedom of Information Act (FOIA). En 2018, fueron radicados 860 casos que elevan el número de estos casos pendientes en los tribunales a 1,204, lo que representa, en ambas instancias, un record histórico. Uno de estos, por cierto, es del CPI contra FEMA por información que todavía no ha provisto relacionada con el proceso de recuperación.

Nos espera en Puerto Rico un 2019 crucial en el que se encuentran, cual fichas en un tablero, los ajustes de deuda, la privatización, los fondos de recuperación, el desmoronamiento de los servicios básicos y el calentamiento de la propaganda eleccionaria. Esa combinación de fichas inclina la jugada al aumento en la secretividad, propaganda y manipulación por parte de los poderes públicos.

La resolución de nuevo año que se perfila clara para los medios de comunicación, ciudadanos, organizaciones profesionales y grupos de interes preocupados por el país es reclamar explícitamente que se abran los cuartos oscuros y se iluminen con verdadera transparencia las decisiones que son determinantes para nuestro futuro. Hay que hacerlo con todas las armas que esten disponibles, incluyendo ir a los tribunales, como sucedió este año tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.

*El autor es cofundador del Centro de Periodismo Investigativo y lidera su programa de Transparencia.