No se ha movido nada en esa dirección en la CEE.

A menos de nueve meses de las elecciones generales, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no contaría con las herramientas necesarias, como el dinero, los recursos y el tiempo, para poner en marcha el voto por Internet que dispone el proyecto de ley de Reforma Electoral.

La medida aún no ha sido aprobada por el Senado y desde su radicación ha contado con la oposición de los partidos de minoría, así como exgobernadores. Entre sus páginas, dispone que la CEE debe implementar el voto por Internet durante las venideras elecciones del 2020 a modo de proyecto piloto.’La preparación es ninguna. La Comisión no está haciendo absolutamente nada hasta que se apruebe la ley y tampoco va a hacer nada. No tiene ni un destornillador. O sea, lo que pasa con esa legislación, como está redactada, no hay forma de que la Comisión, sin presupuesto, sin recursos técnicos y sin el tiempo necesario, pueda cumplir con lo que la reglamentación nueva exige’, exclamó el segundo vicepresidente de la CEE, el licenciado Nicolás Gautier Vega.Gautier Vega es el vicepresidente de la CEE que representa al Partido Popular Democrático (PPD) en el organismo. Esta semana estuvo a cargo del organismo como presidente interino ante la ausencia del presidente en funciones, Juan Ernesto Dávila Rivera, y ante el hecho de que el Partido Nuevo Progresista (PNP) no ha nombrado a su vicepresidente, quien sería el primer vicepresidente.La medida, codificada como el Proyecto del Senado (PS) 1314, obliga a la entidad a extender y reglamentar el voto por Internet para que aplique a toda la Isla a partir del 2022. El documento vislumbra el voto por Internet sea el único método electoral en Puerto Rico para el 2028.En diciembre, el presidente del Senado y autor de la medida, Thomas Rivera Schatz, aseguró que el documento tenía problemas ortográficos que necesitaban ser corregidos y por eso la medida sería reconsiderada tanto en ese cuerpo legislativo, como en la Cámara de Representantes.'[Se espera que se apruebe la ley] y que se apruebe una ley que sea viable también, porque no hay forma de que se pueda utilizar el recurso de voto por Internet en un periodo tan corto como la ley de reforma exige’, añadió Gautier Vega.Sobre el asunto, la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU) y su matriz en Estados Unidos advirtieron a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, sobre los problemas que trae adoptar el voto digital.De acuerdo a los grupos, este método no es seguro y el sistema democrático de la Isla estaría a merced de ser manipulado. En una carta enviada a la Primera Ejecutiva, afirmaron que la incorporación del voto digital nos convertirá en ‘conejillo de Indias’ porque ‘ninguna jurisdicción principal de los Estados Unidos ni se acerca a confiar su infraestructura electoral en un sistema tan vulnerable como lo es uno en línea o por Internet’.Como ejemplo, la misiva enviada cita al comité del Senado del Congreso de los Estados Unidos que investigó el año pasado la interferencia de Rusia en las elecciones norteamericanas. Sumado a esos señalamientos, aludieron a la inestabilidad del sistema de energía eléctrica.’La Legislatura, o por lo menos el presidente del Senado, la única deferencia que tuvo con la comisión fue enviar el proyecto que él se pretendía radicar, 60 días antes de radicarlo. Esa fue la única deferencia que él tuvo. Él había dicho que iba a convocar a tres representantes por partido para que juntos discutiéramos todo lo que él pretendía convertir en ley y eso nunca lo hizo. La Comisión como tal, como cuerpo directriz del ente administrativo, ni siquiera ha discutido eso’, argumentó Gautier Vega.Cuando fue aprobada, y desde su radicación, la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) respaldó el proyecto de ley porque era una forma de implementar mecanismos tecnológicos para modernizar las operaciones de la CEE —entidad cuyos recortes presupuestarios han perjudicado sus operaciones— y ampliar el acceso a los procesos electorales. Durante una sesión legislativa, Rivera Schatz indicó que el proyecto de ley se promulgó para reducir la burocracia y lograr eficiencias financieras.