En 22 países.

La ONG Global Witness informó hoy que 207 activistas medioambientales fueron asesinados en 22 países durante 2017, el año más sangriento registrado por esta organización, con un alto índice de muertes vinculadas al sector agrario.

Entre las víctimas figuran líderes indígenas, dirigentes comunitarios y defensores del medioambiente, quienes son asesinados o sometidos a amenazas de muerte, arrestos, ciberataques, agresiones sexuales y demandas judiciales.

La cifra final de asesinatos es ‘probablemente mucho más alta’, dadas las ‘graves limitaciones’ que afrontan ‘para evaluar los datos disponibles’, según la ONG, fundada en 1993.

El informe de Global Witness, presentado hoy en Londres, constató que durante el pasado año aumentaron significativamente los asesinatos relacionados con la ‘agricultura destructiva’, que ‘acapara tierras’ para cultivos como el aceite de palma, destinados al comercio de ‘productos de consumo’ y uso diario.

El documento, titulado ‘¿A que precio?’, reveló que el país más peligroso para los activistas en 2017 fue Brasil, donde hubo 57 homicidios, seguido por Filipinas, con 48, mientras que en Mexico y Perú aumentaron significativamente los asesinatos, al pasar de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente.

El 60 % del total de muertes durante el pasado año ocurrió en Latinoamerica y, por primera vez, el sector agrario adelantó en todo el mundo al minero para convertirse en el más sangriento, con, al menos, 46 asesinatos relacionados con esta actividad.

La resistencia ante la caza ilegal tambien aumentó su peligrosidad en 2017, cuando se registró la cifra record de 23 asesinatos, la mayoría de ellos de guardabosques en el continente africano, revela el informe de Global Witness.

Asimismo, la ONG vinculó a las fuerzas de seguridad de los países afectados con 53 del total de homicidios, mientras que ‘actores no estatales’, como bandas criminales, estuvieron implicados en 90 asesinatos.

‘Activistas locales están siendo asesinados, mientras los Gobiernos y las empresas dan prioridad a la obtención de ganancias rápidas sobre la vida humana. Muchos de los productos que surgen de este derramamiento de sangre pueden encontrarse en los estantes de los supermercados’, denunció en un comunicado Ben Leather, responsable de las campañas de Global Witness.

Recordó que ‘los gobiernos, empresas e inversores’ tienen la obligación de ‘apoyar y proteger’ a los activistas que se encuentran en situación de riesgo, al tiempo que las autoridades deben esforzarse por llevar ante la Justicia a los responsables de los ataques.

‘Pero lo más importante -dijo-, es que pueden evitar que estas amenazas surjan en primer lugar, escuchando a las comunidades locales, respetando sus derechos y asegurando que las empresas operan de manera responsable’.

Entre otros, Global Witness expuso hoy casos como el asesinato del Hernán Bedoya en Colombia, quien recibió 14 disparos de un grupo paramilitar por manifestarse contra las plantaciones de palma aceitera y de banano ‘en tierras robadas a su comunidad’.

En Filipinas, prosiguió, el ejercito asesinó el pasado año a ocho aldeanos por su oposición a una plantación de cafe en sus tierras, mientras que en Brasil, ‘los ataques violentos’, con ‘machetes y rifles’, de un grupo de terratenientes causaron heridas graves, incluidas las ‘mutilaciones de manos’, a 22 miembros de la población indígena de Gamela.

‘A pesar de las adversidades, la comunidad global de personas defensoras del medio ambiente y de la Tierra no va a desaparecer, solo se está fortaleciendo. Invitamos a los consumidores a que se nos unan en esta campaña junto a las personas defensoras, llevando su lucha a los pasillos donde se mueve el poder y a las salas de juntas de las corporaciones’, agregó Leather.