El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, urgió hoy a las llamadas ‘ciudades santuario’ a volver a colaborar con las autoridades federales para detener y deportar a los indocumentados y a aquellos inmigrantes que hayan cometido algún crimen.

‘Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. Esas políticas no pueden continuar’, afirmó Sessions, que apareció por sorpresa en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca.

‘No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por crímenes pone a todas nuestras comunidades en riesgo’, añadió el fiscal general.

Sessions anunció que los estados, condados y ciudades que busquen subvenciones del Departamento de Justicia tendrán que mostrar que cumplen con las leyes federales y persiguen a los inmigrantes que han cometido crímenes o que llegaron al país de manera irregular.

Las subvenciones del Departamento de Justicia incluyen fondos para el entrenamiento de la policía local y partidas económicas para la adquisición de nuevo equipo, como cámaras corporales que los agentes llevan en sus uniformes.

‘Simplemente hemos llegado al final de esta política’, dijo Sessions.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó en enero una orden ejecutiva para resucitar los programas de cooperación entre la policía local y las autoridades migratoria y para interrumpir la concesión de ciertos fondos federales a las llamadas ‘ciudades santuario’, definición que incluye unas 200 urbes, condados y otras jurisdicciones en EE.UU. que protegen de la deportación a inmigrantes.

Líderes de estas ‘ciudades santuario’, como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, han rechazado las propuestas de Trump y han asegurado que sus ciudades seguirían siendo un ‘santuario’.

Las ‘ciudades santuario’ se niegan a informar al Gobierno del estatus migratorio de sus detenidos para evitar su deportación.