El director de la Oficina Central de Investigación de los Crímenes Nazis, Kurt Schrimm, considera que su trabajo no se ha cerrado, por encima de que la avanzada edad de los presuntos criminales condena a ese organismo a poder presentar pocos exitos judiciales.

‘Son investigaciones largas y costosas, nuestro departamento no tiene capacidad jurídica para instruir sus propios sumarios y en muchos casos no se llega a abrir juicio. Pero hay que asumir ese riesgo’, apuntó hoy Schrimm, en un encuentro con medios extranjeros.

El gran obstáculo con el que se topa el llamado ‘caza nazis’, 69 años después del hundimiento del Tercer Reich, es el hecho de que sus ‘perseguidos’ o bien fallecieron o bien superan los 90 años, lo mismo que quienes podrían actuar de testigos en su contra.

De tener que responder ante la justicia, los encausados lo hacen en silla de ruedas o camilla, en procesos lastrados por frecuentes interrupciones por prescripción médica y entre peticiones de sobreseimiento por razones humanitarias.

Ese fue el caso del ucraniano John Demjanjuk, extraditado a Alemania desde EEUU en 2009 y condenado a cinco años de cárcel en 2011 por complicidad en la muerte de 28,000 judíos en el campo de concentración nazi de Sobibor.

Lograr su entrega llevó años de gestiones y afrontar los sucesivos recursos presentados por el encausado, para derivar en un juicio que éste llevó como un ‘martirio’ y que acabó en una condena simbólica sobre un nonagenario que falleció dos años después.

Más recientemente, la justicia alemana terminó excarcelando por razones de salud a otros dos presuntos criminales nazis, ambos de más de 90 años y exguardas de Auschwitz, uno de los cuales fue, además, indemnizado.

‘No debemos desfallecer ante esos aparentes fracasos’, apunta Schrimm, quien reconoce se ‘daría por satisfecho’ si al menos 10 del total de 30 investigaciones aún abiertas sobre presuntos criminales de guerra en Auschwitz acabaran en procesos.

Schrimm tiene cargo de fiscal, pero su departamento no tiene potestad para instruir sumarios -‘lo que lamento, pero no puedo evitar, porque así se estableció cuando se fundó y lo contrario hubiera implicado cambiar la legislación ‘, apunta-, sino solo para abrir investigaciones y trasladarlas, si cabe, a la justicia.

La Oficina Central de Investigación sobre Crímenes Nazis fue fundada en 1958, trece años después del fin de la II Guerra, y entonces la ‘voluntad’ de llevar ante la justicia a exnazis se extendía, estima Schrimm, ‘a un 50 %’ del estamento político.

Desde su fundación ha abierto investigaciones sobre unos 105,000 sospechosos, de los cuales cerca de 6,500 acabaron ante la justicia, lo que es un balance ‘para nada frustrante’, dice Schrimm.

Schrimm relata la experiencia de sus recientes viajes por América Latina, uno de los lugares de destino del ‘exilio nazi’, tras 1945, donde fue ‘estupendamente atendido’, pero sin lograr avanzar en la investigación de ningún caso.

En Argentina se topó con una montaña de 800,000 actas -‘no folios, sino actas’, precisó-, en su mayoría de personas ya fallecidas; en Uruguay tuvo ante así unas 16,000 actas, también de compleja investigación, mientras que en Chile, donde sí había 4 o 5 casos bastante claros, pero ya muertos.

En Brasil se encontró con la dificultad de la diversificación por todo el país del material a investigar, lo que imposibilitó una labor centrada en actas relacionadas con la inmigración llegada entre 1945 y 1954, muchos de ellos con documentos de la Cruz Roja Internacional o camuflados entre los desplazados de guerra.