El Comite para la Protección de los Periodistas (CPJ) publicó hoy un informe en el que denuncia la poca transparencia del Gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama, sus esfuerzos por controlar la información y la persecución sin precedentes de los responsables de filtraciones.

El informe, de 30 páginas, es obra de Leonard Downie Jr., exeditor ejecutivo del diario The Washington Post.

La actual Administración es la ‘más cerrada y obsesionada por controlar la información que yo haya cubierto jamás’, señaló David Sanger, veterano corresponsal del New York Times en Washington y uno de los 30 periodistas a los que entrevistó Downie para su investigación.

A pesar de las ‘repetidas promesas’ de Obama de convertir a su Administración en la de ‘mayor apertura y transparencia de la historia’, los periodistas y activistas ‘afirman estar decepcionados’ en cuanto al acceso a la información que necesitan, detalla el informe.

‘No hay acceso a las cuestiones diarias de la presidencia, como por ejemplo con quién se reúne el presidente y quién lo asesora’, sostuvo Ann Compton, corresponsal de ABC News en la Casa Blanca y quien ha cubierto a todos los mandatarios estadounidenses desde Gerald Ford.

Según Compton, muchas de las reuniones importantes de Obama con figuras destacadas ajenas a la Administración ni siquiera aparecen registradas en su agenda pública.

‘Es el menos transparente de los siete presidentes que he cubierto, en lo referente a cómo realiza sus actividades diarias’, destacó la periodista de ABC.

En opinión de Josh Meyer, veterano escritor y corresponsal en Washington que trabaja para el sitio web de noticias Quartz, en el Gobierno de Obama ‘existe una hostilidad generalizada hacia los medios’ y muchas veces los funcionarios ‘no devuelven reiteradas llamadas y correos electrónicos’.

En el informe Downie asegura también que la ‘guerra’ de la Administración de Obama contra las filtraciones es ‘la más agresiva’ desde el Gobierno de Richard Nixon, cuando él era uno de los editores involucrados en la investigación del Washington Post sobre el caso Watergate.

Desde 2009 un total de seis empleados gubernamentales y dos contratistas, entre ellos Edward Snowden, han sido objeto de procesos penales por delitos previstos en la Ley de Espionaje por filtrar información clasificada a los medios.

La cifra contrasta con los solo tres procesos que ha habido en todos los periodos presidenciales anteriores en la historia de Estados Unidos.

‘Me preocupa llamar a alguien porque ese contacto puede ser descubierto mediante una revisión de los registros telefónicos o los correos electrónicos’, contó Jeffrey Smith, veterano periodista y experto en temas de seguridad nacional que trabaja en el Centro para la Integridad Pública.

Según el informe, un programa ‘contra amenazas internas’ que se ha puesto en marcha en cada departamento gubernamental ordena a todos los empleados federales vigilar el comportamiento de sus colegas para ayudar a evitar filtraciones de información.