San José – La prohibición de la fecundación in vitro y una condena de cadena perpetua a menores de edad llevarán a Costa Rica y Argentina, respectivamente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en San José, a partir del próximo 30 de agosto.

La Corte anunció hoy mediante un comunicado que celebrará su próximo periodo de sesiones del 27 de agosto al 7 de septiembre, y que estos serán los casos que conocerá en audiencia pública.

El primer Estado en sentarse en el banquillo de los acusados será Argentina, el 30 de agosto, para responder sobre el llamado ‘Caso Mendoza’, que se relaciona con la imposición de condenas de prisión y reclusión perpetua a cinco jóvenes cuando aún eran menores de edad.

Estas penas fueron impuestas en aplicación de un sistema de justicia de adolescentes en Argentina que permite que éstos sean tratados al igual que los adultos infractores.

Las supuestas víctimas son César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán Cajal y Ricardo David Videla Fernández, condenadas entre 1999 y 2002 por robos, asaltos y homicidios.

El turno de Costa Rica ante los jueces será el 5 y 6 de septiembre, cuando rinda cuentas por la prohibición de la técnica de fecundación in vitro en el país desde el año 2000.

El caso, nombrado por la Corte como ‘Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica’, responde a una demanda de varias parejas con problemas de fertilidad, que no han podido tener acceso a dicha técnica médica en su país, el único de América donde está prohibida.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como representante de las supuestas víctimas, ha argumentado que ‘esta prohibición absoluta constituyó una injerencia arbitraria en los derechos a la vida privada y familiar y a formar una familia’, según el comunicado.

El Gobierno costarricense ha reiterado que defenderá la decisión tomada por la Sala Constitucional del país en el año 2000, cuando consideró que la fecundación in vitro viola el derecho a la vida, al ser una técnica con la cual es posible desechar embriones fecundados.

El asunto ha generado gran polémica en el país centroamericano, pues grupos religiosos y conservadores se oponen férreamente a que se realice de nuevo este tipo de fecundación asistida, mientras que organizaciones de derechos humanos claman por su restitución.