Ginebra – La ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) y actual fiscal general de Suiza, Carla del Ponte, manifestó hoy que la condena este jueves del juez español Baltasar Garzón por prevaricación representa ‘un precedente muy peligroso’ para la justicia española.

‘El mensaje para la justicia española es absolutamente negativo y crea un precedente muy peligroso’, manifestó Del Ponte en declaraciones a la radio pública suiza.

Del Ponte afirmó no conocer en detalle el proceso por las escuchas en el conocido como ‘caso Gürtel’, pero consideró que no se atendió a los principios básicos de la independencia de jueces y magistrados.

Tras conocer la sentencia que inhabilita al juez español durante 11 años, la ex fiscal del TPIY le llamó por teléfono: ‘le conozco desde hace 15 años, en los que hemos trabajado juntos, y le llame inmediatamente para hacerle saber que me tiene cerca’.

‘Me dijo que han revestido (la sentencia del caso) de un ropaje jurídico, en una cuestión que era absolutamente legal y que el resultado es que los abogados, pese a ser sospechosos de cometer delitos, podrán beneficiarse de la impunidad’, explicó Del Ponte.

‘Esto es todo lo que me dijo y yo solo puedo estar de acuerdo con él, aunque no conozca el caso en detalle’, añadió.

La principal responsable de la Fiscalía General de Suiza señaló además que, en el marco de esa conversación, ambos llegaron a la conclusión ‘de que es una decisión absolutamente política’.

Del Ponte admitió que en los procesos judiciales importantes ‘las presiones políticas existen y existirán siempre’.

‘Son inevitables. Lo importante es que la institución y el Estado protejan al juez que sencillamente aplica la ley. Y me parece que eso no ha ocurrido en España’, declaró la fiscal suiza.

Entrando en cuestiones de procedimiento judicial, Del Ponte indicó que cuando se ordena un control telefónico a personas sospechosas de cometer delitos ‘no es el magistrado quien lo ordena; el magistrado lo pide y es otra institución la que da el visto bueno, es una decisión puramente administrativa’.

Del Ponte habló también del proceso que se sigue en contra de Garzón por declararse competente para investigar violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

La ex fiscal del TPIY fue propuesta para prestar testimonio en el juicio, pero el Tribunal Supremo español lo rechazó, al igual que en los casos del juez chileno Juan Guzmán, que en 1999 procesó a Augusto Pinochet; y el juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en su país.

Del Ponte manifestó que Garzón actúa conforme a ley cuando cuestiona la ley de amnistía que se aprobó en España en 1977.

‘Esta amnistía es una legislación nacional. El derecho internacional autoriza, cuando se trata de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, a no tener en cuenta las leyes nacionales de amnistía’, argumentó la fiscal.

‘Una ley de amnistía puede ser una decisión política que no puede prevalecer sobre el derecho internacional’, agregó.

Temática: Justicia e interior ; Poder judicial ; Juez