La medida será discutida en la sesión del Senado. La Asociación de Médicos y la Asociación de Educación Privada se oponen.

El Senado se dispone a atender en su sesión de hoy un proyecto que establece una serie de obligaciones de restaurantes, centros comerciales e instituciones educativas privadas y públicas para atender el tema de las alergias alimentarias.

Los lineamientos de la medida serían implementados por fases.

La medida es rechazada por el Departamento de Salud, la Asociación de Médicos y la Asociación de Educación Privada. El Proyecto del Senado 780 fue presentado a petición del joven Alejandro Benítez Ripoll y recibió un infome positivo de la Comisión de Salud del Senado.

Benítez Ripoll sufre de alergias alimentarias severas.

La medida parte de la premisa de que no existe un marco legal local para atender la realidad de personas con alergias alimentarias severas y que la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) reconoce que las alergias pueden considerarse una discapacidad.

Por un lado, el proyecto le exije a los restaurantes colocar un cartel informativo en el ára de la cocina y en zonas visibles al público que describa los alérgenos más comunes y la necesidad de que se notifique sobre alergias al personal. Dentro de la operación del negocio, se tendrían que establecer protocolos para prevenir la contamición cruzada de alimentos, incluir en los menús la advertencia sobre la presencia de alérgenos en cada plato y mantener protocolos de limpieza de superficies, utensilios y equipos.

En lo que concierne a las escuelas públicas y privadas, deberán contar con un protocolo aprobado por los departamentos de Educación y Salud, deberán ofrecer eduación anual al personal sobre el tema y mantener acceso inmediato a estudiantes con la receta a su propia epinefrina autoinyectable.

En el caso de estudiantes con alergias severas, la institución deberá tener un plan individualizado.

Sobre los entornos públicos y comerciales se imponen requisitos similiares a los de restaurantes en cuanto a preención y educación y permitir el ingreso y uso de epinefrina. Se eliminó de la medida el requisito de mantener “áres libres de alérgenos”, pero se garantiza la entrada a personas con alergias alimentarias que carguen con alimentos personales seguros.

La pieza legislativa obliga a los departamentos de Salud y Asuntos del Consumidor establecer los reglamentos necesarios. No obstante, también podrán establecer “opcines graduales de cumplimiento” para microempresas y pequeños negocios.

Con otra enmienda al texto original, se eliminó el lenguaje que requiere a hospitales, clínicas y centros de salud priorizar la atención inmediata a personas con síntomas de anafilaxia o reacciones alérgicas graves.

El proyecto también le requiere al Negociado de Manejo de Emergencias y otras agencias incorporar en sus planes de acción de desastres medidas para proteger la salud y seguridad de personas con alergias.

Medida polémica

El Departamento de Salud se opone a la medida al argumentar que lo que se quiere atender está manejado desde el 2000 por lo que se conoce como el Federal Food Code, de la Administración Federal de Drogas y Alimentos. Sobre el manejo de alimentos, preparación y almacenamiento objetó que se le asiguen “competencias técnicas” a otras agencias.

Salud advirtió que, de aprobarse la medida, se tendrían que crear 14 plazas adicionales de inspectores a un costo anual de $543,600.

El Departamento de Asuntos del Consumidor favoreció la medida, pero también pidió que se amplíe el periodo de implementación, que no es definido en la medida.

Educación sostuvo que existen instrumentos regulatorios y operacionales para atender la problemática dentro de la agencia a través de menús especiales y Recreación y Deportes igualmente apoyó el proyecto.

La oposición de la Asociación Médica de Puerto Rico radica en gran medida en que no cuenta con un análisis fiscal, tomando en cuenta que la implementación de la medida significaría costos adicionales por adiestramientos, compra de epinefrina, creación de sistemas de reportes y contratación de personal adicional.

Los médicos también señalaron que no está claro qué dependencia estará a cargo de fiscalizar la implementación de la propuesta ley.

Mientras, las escuelas privadas señalaron que la propuesta es “onerosa y contraria al marco jurídico vigente”. Se refirieron a que la ley supuestamente choca con la libertad académica y administrativa de las instituciones privadas

“La responsabilidad primaria de comunicar y manejar esta condición recae en las familias”, indicaron al describir como obligaciones desproporcionadas la redacción de protocolos. Igualmente señalaron que el manejo de medicamentos debe ser eralizado por personal de enfermería, “cuya contratación no es obligatoria en el sector privado”.