En vista cameral, ningún ponente apoyó el intento de esa organización de volver a enmendar la Ley de Armas.

El superintendente de la Policía, Joseph González, rechazó la aprobación de una enmienda a la Ley de Armas de Puerto Rico, propuesta en el Proyecto de la Cámara 1138, que permitiría la portación simultánea de pistolas o revólveres cargadas.

El jefe de la Uniformada recomendó mantener la redacción actual del Artículo 2.02 de la Ley de Armas, que únicamente autoriza tener posesión inmediata de un arma de fuego a la vez. La experiencia de la Policía, explicó González, refleja que una porción significativa de incidentes relacionados con armas de fuego legales involucra extravíos.

“Permitir la portación simultánea de múltiples armas podría aumentar el riesgo de pérdida, robo o manejo negligente, lo cual podría tener implicaciones adversas para la seguridad pública. La limitación vigente responde a consideraciones prudentes de seguridad y manejo responsable de armas”, indicó en una ponencia escrita.

La enmienda es uno de múltiples cambios sugeridos a la Ley de Armas de 2020 que fueron discutidos el jueves en vista pública de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes.

El presidente de la comisión, Félix Pacheco Burgos, presentó el proyecto de ley por petición de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas (Codepola), cuyo presidente Ariel Torres Meléndez describió la medida como un esfuerzo por modernizar y corregir “vacíos normativos” que han sido señalados desde la implementación de la ley vigente.

“La experiencia acumulada durante los últimos años demuestra que ciertas disposiciones requieren ajustes para lograr un balance adecuado entre la protección de la seguridad pública, la eficiencia administrativa del Estado y el respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos”, pronunció.

“Las personas que hemos pasado por el rigor de la Policía, por un certificado de antecedentes penales, por huellas digitales, por nuestro seguro social, ¿por qué no podemos portar dos armas de fuego?”, cuestionó.

Mientras, la Asociación de Portadores de Puerto Rico mostró reservas con la modificación propuesta tras opinar que infringiría la Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos y el derecho de los ciudadanos de portar armas largas al solo autorizar pistolas o revólveres de manera simultánea.

“Impide la portación de estas (armas largas) por oficiales independientes de seguridad y oficiales de escolta independientes, limitándolos a solo portar pistolas y revólveres; clara violación a la Segunda Enmienda”, comentó José Cruz, director interino de la entidad que cuenta con 20,000 integrantes.

“Las mismas regulaciones que tiene un servidor en una agencia de seguridad lo tiene que tener un portador individual y un ciudadano. Así que creemos fielmente en las regulaciones y que los procesos de fácil acceso agravan y pueden acontecer mayores incidentes”, expresó el presidente de la comisión.

Entre otras modificaciones, el proyecto pretende exigir la licencia de armas expedida por la Policía a personas que practiquen la caza deportiva, por lo que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) asumiría un rol enfocado en el ofrecimiento de cursos, certificación de participación, y emisión de sellos o permisos.

“Es deber ministerial del DRNA el manejo del recurso, ya que es la entidad con la facultad y la experiencia técnica para proteger, manejar y conservar la vida silvestre”, destacó el secretario Waldemar Quiles en un memorial explicativo.

El jefe del DRNA manifestó su oposición a la medida al destacar que la agencia correría el riesgo de perder fondos asignados por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos si no cumple con los requisitos federales de certificación de licencias.

De igual forma, Quiles criticó que la legislación pretenda segregar el mecanismo de cacería al dividir la regulación de la actividad: la caza con armas de fuego sería regulada por la Policía, mientras que la caza con arco y flecha permanecería bajo la supervisión del DRNA.

“Esta división podría resultar perjudicial para el Departamento al desconocer la cantidad de cazadores que practican el deporte de la cacería que, como ya mencionáramos, es un mecanismo para el control de población de vida silvestre”, advirtió.

Para atender la preocupación sobre el registro de escopetas, el titular recomendó permitir al DRNA utilizar el sistema de verificación de antecedentes penales a través del Cuerpo de Vigilantes, quienes son agentes del orden público. Además, sugirió que las inscripciones se realicen en el registro electrónico de armas de fuego de la Uniformada.

El Departamento de Justicia presentó una ponencia en la que coincidió que trasladar las facultades del DRNA sobre el licenciamiento de cacería podría afectar el balance regulatorio y el rol especializado de la agencia.